Tanto el secretario como la interventora testifican que Pérez sí conocía los reparos por ser ilegales
Durante el primer día de juicio contra el alcalde de Xinzo, Antonio Pérez Rodríguez, por prevaricación administrativa continuada, hubo muchas preguntas por parte del ministerio público e incluso consejos: “Alcalde, ¡hay que leer más!”. Pero la fiscal Rosa Tallón no pretendía recomendarle lecturas de ficción sino la de todos aquellos papeles que despacha y firma dentro de sus cometidos como mandatario local. Y hasta los periódicos: el inculpado aseguró que desconocía el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria para la corrección del déficit público que limitaba a las contrataciones a casos muy excepcionales .
Pérez Rodríguez, quien dimitió del PP a raíz de esta imputación, había declarado previamente sin rubor que firmaba en barbecho. No leía los decretos, en alusión a cuatro fechados en 2012, en los que se acordaba la contratación sin un proceso de selección. "Secretaría era la que tramitaba el expediente; yo solo firmaba porque confiaba absolutamente en el criterio del secretario (...)", explicó. Y lo responsabilizó: "Me decía que todo estaba correcto y por eso firmaba".
El regidor explicó que las necesidades de personal las trasladaban los capataces responsables de un servicio a los concejales y estos se lo comunicaban tras las juntas de gobierno. A continuación, el secretario -dijo- iniciaba la tramitación del expediente administrativo. En cuanto a quién proponía a un trabajador y no otro, explicó que normalmente eran los encargados de los servicios "con gente que ya desempeñaba ese puesto y se le renovaba" o en algún caso también el concejal de turno hacía sugerencias. Siempre de forma verbal y para "servicios prioritarios para el Concello", argumentó.
Las acusaciones -también está personada la CIG- también le responsabilizan de otros cinco contratos en el que se prescindió del decreto de la alcaldía. En ese caso, según el alcalde, fueron elaborados por una gestoría.
A preguntas de su letrado, aseguró desconocer los informes desfavorables puesto que no se realizaron hasta meses después de los decretos (el secretario dice que se daba ese escenario cuando lo contratos se hacían en la gestoría directamente y se prescindía del acto administrativo). Por este motivo, el alcalde justificó haber precintado en su momento el ordenador del secretario y su adjunta.
El funcionario, que posteriormente asumió también labores de intervención, no le dio oxígeno al inculpado. Explicó a la fiscal que informaba al alcalde antes de la junta de gobierno o durante su desarrollo, verbalmente o por escrito, de las irregularidades que conllevaba designar a dedo, sin publicidad, así como de la norma estatal que limitó las contrataciones públicas en 2012.
La adjunta a la secretaría en ese periodo corroboró esa versión: se informaba al encausado de forma personal y en las juntas de gobierno de las deficiencias del proceso selectivo, pero el alcalde señalaba la necesidad de las contrataciones "para cubrir un servicio" y porque los contratos finalizaban de forma inmediata.
La responsable de Intervención entre mayo de 2009 y febrero de 2012 fue contundente al afirmar que "desde el 2009 todos los informes a contrataciones y nóminas eran desfavorables". Sobre su experiencia en Xinzo, relató que se enteraba de las contrataciones cuando tenía que hacer las nóminas y que los reparos que ella presentaba los "levantaba el alcalde.
La causa que sienta en el banquillo a Antonio Pérez se inició a finales del año 2013 cuando varias sentencias de los dos juzgados de lo contencioso administrativo de Ourense alertaron al ministerio fiscal de una posible desviación de poder en varios contratos por ausencia de las pertinentes pruebas selectivas.
La fiscal y la acusación popular piden 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que apartaría al alcalde de la escena política.
