Antonio Pérez, según la jueza del Penal 1, contrató en 2012 a cuatro trabajadores "a sabiendas de que faltaba la publicidad de dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder a los mismos de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, requisitos básicos de cualquier contratación pública"
Así lo declara en la relación de hechos probados de la sentencia que condena al regidor a ocho años y medio de inhabilitación. Y todo ello, pese a ser informado tanto verbalmente como por la Secretaría y la Intervención del Concello del incumplimiento en el procedimiento de selección de los principios constitucionales que deben regir; el riesgo de indefinición en la empresa de los trabajadores; la incidencia del Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera así como el plan de ajuste aprobado por el pleno del Concello el 30 de marzo de 2012 y las medidas complementarias (pleno de 5 de septiembre de 2012).
Todos los contratos fueron impugnados en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde fueron declarados nulos y se ordenó deducir testimonio en la penal.
No quedó acreditado, según recoge la sentencia, que existiera una mala relación del secretario con el alcalde tal como sostenía la defensa al amparo de unos informes hallados en su ordenador (el inculpado decía que eran falsos) tras ordenar el mandatario local su intervención. La jueza entiende que la relación era fluida, recogiendo las manifestaciones de algunos testigos. Y también descarta que no conociera los contenidos de los decretos que firmaba.
Precisamente, el testimonio del secretario Demetrio Martínez, quien trabajó en Xinzo desde finales de 2010 a 2013, fue una de las piezas claves de la imputación. Emitió informes desfavorables por la insuficiencia de trámites en procedimiento de selección del trabajador para constatar el cumplimiento de los principios constitucionales y por riesgo de indefinición en la empresa. Su testimonio fue tajante. Testimonió que el alcalde decía quien era la persona idónea cuando los concejales pedían personal y que en los cinco casos puestos en entredicho "no hubo proceso de selección".
