La exedil de Personal de Xinzo sitúa a Pérez como único responsable de las contrataciones municipales
La campaña de animación a la lectura continuó ayer en el juicio contra el alcalde de Xinzo, Antonio Pérez Rodríguez, por prevaricación administrativa continuada. Tras espetárselo en la primera jornada al inculpado, la fiscal Rosa Tallón volvió a lanzar ese "¡Hay que leer más!", en este caso a Benito Casado, titular de uno de los contratos anulados por el contencioso al carecer de proceso de selección y que reconoció que firmó esos documentos sin siquiera echarles un ojo. Parecida rutina asumió como propia el ex concejal de Obras del Concello de Xinzo, Antonio Fernández Veiga, que en su declaración como testigo arguyó que "alguna vez" sí que había leído antes de estampar su rúbrica en papeles del Concello. ¿Y el alcalde? "El alcalde firmaba todo lo que le ponía el secretario –razonó Fernández– convencido de que estaba bien".
A preguntas de la defensa, el exedil consideró que Pérez actuó "de buena fe", exponiendo además que las actas de reprobación por la irregularidad del proceso se realizaron "a posteriori". Ahí Fernández Veiga aportaba al regidor parte de la cuota del aire que le había retirado previamente Montserrat Lama. La concejala del Concello limiano, que llevó Personal en la anterior legislatura y que ahora se encarga de Comunicación, fue tajante, situando a Antonio Pérez como el único encargado de designar a quién se contrataba en el Concello: "A mí me llamaba el alcalde a su despacho y me decía que me pusiese en contacto con la gestoría para hacer el contrato a una persona y la duración. Él decidía a quién se contrataba y cómo".
La junta de gobierno
Lama y Fernández coincidieron en situar el final de las juntas de gobierno como el escenario donde los concejales expresaban, verbalmente y de forma oficiosa, las necesidades de contratación en sus áreas. Mismo lugar en el que la también diputada provincial situó al secretario explicando, "en alguna ocasión", lo que suponía la entrada en vigor del Real Decreto 20/2011 que limitaba las contrataciones a casos puntuales. "Todos éramos conocedores del tema". Punto este que colisiona con lo declarado el día anterior por el regidor, que negó conocer esa norma. Un argumento que ayer recibió otra carga de profundidad a través de Benito Casado, que explicó posteriormente que, como representante del CSI-F, participó en negociaciones sindicales con el alcalde –que se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público– para tratar de frenar las mermas laborales que acarrearía, precisamente, la entrada de ese Real Decreto.
Junto a Casado ayer declaró Aurora Agapito, también beneficiaria de contratos irregulares y, también, vinculada al PP, partido del que dimitió Antonio Pérez tras conocer su imputación. Casado y Agapito, que fueron ambos "dos o tres veces" interventores del partido conservador, mantuvieron similar relato de cómo accedieron a su empleo –encadenarían varias vinculaciones laborales– en el Concello. Sin pasar por ningún proceso de selección o presentar currículum o documentación alguna.
Irregularidades
Estas irregularidades eran desconocidas –según dijo– por Lama. "Asumía que había un proceso de selección previo", valoró la edil antes de desembarazarse de cualquier responsabilidad cuando fue interpelada por la presencia de su firma en uno de esos contratos denunciados. "Yo firmaba esos informes de contratación, pero no los redactaba. La responsabilidad última era de Alcaldía (...)Personal no llevaba las contrataciones, sino las vacaciones, organizaciones de turnos y otras cuesiones del día a día del Concello", valoró Lama en una intervención que zanjó de forma lapidaria: "Yo vengo aquí a declarar libremente, no sé si todos podrán decir lo mismo". Recogiendo el hilo, y a pregunta de la defensa, la concejala descartó una enemistad con el inculpado, aunque señaló "puntos de vista muy diferentes de cómo hacer las cosas en política.
