Con la caída del Imperio romano, los visigodos procedentes de la Galia ocuparon la mayor parte de la península, mantuvieron la división administrativa provincial romana bajo el nombre de 'ducados' incluso incrementándolos, como los de Asturias y Cantabria, y la provincia de Celtiberia y Carpetania.
El reino musulmán se dividía en coras que dependían de alguna ciudad. Según iba decayendo el poder musulmán, las coras se independizaron, creándose pequeños Estados con su propio rey, los reinos de taifas. Con la Reconquista se crearon varios reinos cristianos a partir del Reino de Asturias, que en el siglo XII terminaron siendo cuatro. Con los Reyes Católicos, cada uno de estos reinos mantuvo sus divisiones administrativas propias. Felipe V creó, tomando como base las provincias preexistentes creadas por los Austrias, la institución de las intendencias. Fernando VI reordenó los límites, haciéndolos coincidir con las provincias de los Austrias y los antiguos reinos de España. Bajo el reinado de Carlos III, en 1785, el Conde de Floridablanca promovió la realización de un Nomenclator de los pueblos de España.
El nuevo orden llega a España de la mano de Napoleón. En 1810, el gobierno josefino intenta ordenar el territorio, dividiéndolo en 38 prefecturas, al estilo de las establecidas en Francia, y 111 subprefecturas, según el proyecto del clérigo Llorente. En 1811 las Cortes de Cádiz derogan los señoríos jurisdiccionales, que a pesar de la restauración del absolutismo por parte de Fernando VII en 1814 no volverán a entrar en vigor. La Constitución de 1812 no reconoce la personalidad política de los antiguos territorios históricos. Se crean 32 provincias, según el nomenclátor de Floridablanca, con algunas correcciones. En 1817 España estaba dividida en 29 intendencias y 13 consulados. Tras el levantamiento del general Riego, durante el Trienio Liberal (1820-1823), se promueve una nueva división provincial, aunque primero se recuperan las diputaciones de 1813. En enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división provincial de España en 52 provincias. Esta reforma llevada a cabo por Javier de Burgos en 1833 se ha mantenido prácticamente sin cambios.
Los intentos de regionalizar la península con Patricio de la Escosura en 1847, Moret en 1884 y en 1891 con Silvela, fracasaron. En 1873, durante la Primera República, se elaboró un proyecto de Constitución atribuida a Castelar, que definía a España como una República Federal, integrada por 17 estados que nunca llegó a adoptarse.
El nuevo orden llega a España de la mano de Napoleón. En 1810, el gobierno josefino intenta ordenar el territorio, dividiéndolo en 38 prefecturas, al estilo de las establecidas en Francia, y 111 subprefecturas, según el proyecto del clérigo Llorente. En 1811 las Cortes de Cádiz derogan los señoríos jurisdiccionales, que a pesar de la restauración del absolutismo por parte de Fernando VII en 1814 no volverán a entrar en vigor. La Constitución de 1812 no reconoce la personalidad política de los antiguos territorios históricos. Se crean 32 provincias, según el nomenclátor de Floridablanca, con algunas correcciones. En 1817 España estaba dividida en 29 intendencias y 13 consulados. Tras el levantamiento del general Riego, durante el Trienio Liberal (1820-1823), se promueve una nueva división provincial, aunque primero se recuperan las diputaciones de 1813. En enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división provincial de España en 52 provincias. Esta reforma llevada a cabo por Javier de Burgos en 1833 se ha mantenido prácticamente sin cambios.
Los intentos de regionalizar la península con Patricio de la Escosura en 1847, Moret en 1884 y en 1891 con Silvela, fracasaron. En 1873, durante la Primera República, se elaboró un proyecto de Constitución atribuida a Castelar, que definía a España como una República Federal, integrada por 17 estados que nunca llegó a adoptarse.
