Los recibos superiores a 2.500 euros deberán tramitarse por internet
El pleno celanovés asistió ayer a una atípica sesión extraordinaria donde, por primera vez desde que José Luis Ferro Iglesias preside la Corporación en minoría (6 ediles el PP, frente a los siete que suman BNG, PSOE y no adscrita), aprobaron por unanimidad la totalidad de los puntos del orden del día. Una sintonía con matices, puesto que Ferro Iglesias se vio obligado a suspender temporalmente la sesión para negociar con la oposición las condiciones de implantación de la factura electrónica.
Gobierno y oposición respaldaron la adhesión al punto de entrada de facturas electrónicas de la administración general del Estado (FACe) para las empresas y proveedores que trabajen con la administración local. "É unha ferramenta de maior control e transparencia das contas públicas que, neste Concello, xa se cumpría folgadamente", apuntó el portavoz del Partido Popular, Máximo Losada.
Socialistas y nacionalistas expresaron su satisfacción por una plataforma que hará la gestión de la contabilidad pública "máis rigorosa, cun maior control e mellorando a transparencia", matizaba la socialista María Jesús Bóo Montes. Solo Leopoldo Rodríguez Puga del BNG puso una pega: "É unha mágoa que non o faga a Xunta", en referencia al hecho de que sea el Gobierno Central quien ejecute y controle la tramitación.
Fue en el siguiente punto, la modificación de las bases de ejecución del presupuesto de 2014 (que está prorrogado desde 2013) para adaptarse a la vía telemática, la que suscitó el debate plenario. La oposición consideró "excesivo" el límite de 5.000 euros que marca la obligatoriedad de presentar las facturas por la vía telemática. "Para unha vila como Celanova é excesivo, debemos rebaixar esa cota", pidió Bóo en aras de una mayor trasparencia. A lo que el portavoz del BNG pidió que "non haxa limitación de contía e todas as facturas se teñan que presentar por esta vía para evitar que se queden no caixón".
Molesto, el alcalde, Ferro Iglesias tomó la palabra para subrayar que todas las facturas entran por registro y tras asegurar que "non teño problema en modificar a cifra" suspendió la sesión para pactar con socialistas y nacionalistas una enmienda donde se fijó el límite en 2.500 euros (IVA incluído), que contentó a todas las partes.
Donde no hubo polémicas, ni enmiendas, ni siquiera debate, fue en la aceptación del convenio entre la Diputación Provincial de Ourense y el Concello de Celanova para el alta y registro en el dominio ".Gal" en los topónimos oficiales de los concellos de la provincia. "Como non imos a apoialo si o pedimos nós", reivindicaban a la salida de la sesión los ediles del BNG.
