PROVINCIA

El Concello de A Bola intenta sin éxito el desalojo del asilo

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photo_camera La Guardia Civil veló por el cumplimiento de la sentencia, si bien finalmente no se ejecutó el desalojo.

Los trabajadores de la empresa concesionaria se negaron a abandonar las instalaciones

Tal como estaba previsto, los responsables del Concello de A Bola procedieron ayer al intento de desalojo de la residencia de mayores situada en Podentes. Sin embargo, la negativa de la empresa concesionaria y sus trabajadores a abandonar las instalaciones frustró la actuación. Durante la jornada de ayer, se vivieron algunos momentos de tensión entre ambas partes, si bien todos trataron de mantener la calma por el bienestar de los 24 usuarios del centro, algunos de ellos con estados de salud delicados.

La alcaldesa de A Bola, Teresa Barge, acudió a primera hora de la mañana acompañada por trabajadores municipales relacionados con el sector del bienestar, así como con el abogado y secretaria local para proceder al desalojo, amparada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ourense, que el pasado 6 de julio dictó una "sentencia firme" que autorizaba tal actuación, según recordó Barge numerosas veces a lo largo del día, debido a "deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones". Junto a ellos, efectivos de la Guardia Civil trataron de velar por el cumplimiento del mandato judicial.

No obstante, miembros de la administración de Carbatari, la empresa concesionaria, se presentaron en las instalaciones para tratar de impedir el desalojo alegando que "el Concello es responsable del edificio pero nosotros somos los responsables de la actividad". En este sentido, explicaron a este medio que su intención "no es desobedecer al juez pero no podemos abandonar a los usuarios", añadiendo que la situación habría sido distinta si los familiares de los internos hubiesen consentido por escrito el cambio de tutela de sus mayores.

Es por eso que desde Carbatari han interpuesto una denuncia contra el Concello ante la Guardia Civil de Celanova por la falta de un protocolo de actuación que garantizase el bienestar de los usuarios. En el escrito, los denunciantes han solicitado también el amparo de la Fiscalía de Mayores. Por su parte, el Concello ha puesto en conocimiento de los responsables judiciales lo que consideran un caso de "desobediencia grave a la autoridad".

Al cierre de esta edición, ambas partes continuaban a la espera de la resolución judicial para proceder a la ejecución de la sentencia de desalojo. Será hoy cuando la jueza titular de Celanova estudie las querellas para tomar una decisión.


Noche en el centro


Mientras tanto, ante la negativa de los trabajadores de la empresa de abandonar las instalaciones, tanto la alcaldesa como los profesionales municipales optaron por pasar la noche dentro del edificio alegando que "estamos no noso dereito", en palabras de Barge.


Plazas reservadas para los usuarios actuales


Los litigios entre el Concello y la empresa concesionaria se remontan a 2016, año en que finalizó el periodo de adjudicación para la explotación del centro. Entonces, la empresa, según sus responsables, pidió al gobierno municipal que sacase la residencia a concurso para poder cesar la actividad y aseguran que "mientras no lo hagan no podemos abandonar a los usuarios". Por su parte, el Concello ha optado por el cierre del centro para proceder a ejecutar obras de mantenimiento y mejora del edificio. En palabras de la alcaldesa, actualmente hay un "problema de desagües en el semisótano", que estaría produciendo filtraciones a las fincas contiguas; un hecho que temen que pueda provocar escapes de gases tóxicos. Algo que niega la empresa alegando a que se han producido numerosas inspecciones sanitarias en los últimos años sin alertar de ningún problema. Lo que sí destacan desde Carbatari es el "déficit económico" que les supone el centro puesto que "tiene capacidad para 85 usuarios pero sólo nos dejan utilizar 24 plazas" y recuerdan a la alcaldesa que el municipio "debe hacerse cargo de los 14 trabajadores" que hoy ejercen en él.

La intención del Concello es, una vez ejecutado el desalojo, iniciar las obras para sacar la residencia a concurso y que pueda estar en funcionamiento de nuevo en un plazo de seis meses. Entonces, aseguran que reservarán las plazas a los usuarios actuales que deseen continuar en ella y que, mientras tanto, se repartirán por diversas residencias de la provincia.

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