La reducción fue decidida por los grupos de la oposición municipal en un pleno celebrado en 2013
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense ha confirmado la legalidad del acuerdo plenario adoptado por la oposición de Celanova (conformada por tres ediles del PSOE, tres del BNG y la no adscrita, frente a los seis que suma el PP), que en julio de 2013 acordó una rebaja del 35% (2.350 euros brutos mensuales por 14 pagas) del sueldo del alcalde, José Luis Ferro, así como la supresión de dos de las tres dedicaciones parciales.
El recurso presentado por cuatro de los seis ediles del PP sólo es válido en un aspecto: la subida salarial anual contemplada conforme al IPC es contraria a la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para 2013, por lo que queda anulada. "Antes de tomar cualquier decisión, vamos a reunirnos con el abogado", contestó ayer el alcalde que, sorprendido por la sentencia, no quiso hacer declaraciones. Y es que el magistrado desmonta en tres puntos todos los argumentos esgrimidos por los "populares" en el recurso que presentaron, según se recoge en la propia sentencia por lo que entendieron como "una represalia política", y sobre unas competencias propias del alcalde-presidente.
El auto fundamenta que el pleno de un ayuntamiento es competente para tomar este acuerdo, aunque no haya sido a instancias del alcalde, y va más allá al opinar que "no entiendo qué trastorno puede causar al normal funcionamiento de una institución democrática" que la mayoría del pleno adopte decisiones sobre "materia de su competencia".
Asimismo, señala que la reducción salarial no se ha hecho "hasta límites que puedan rayar lo inaceptable o injustificable" ni que "impidan al alcalde desarrollar sus funciones con normalidad". Es más, advierte que los 2.350 euros (más dietas y vehículo oficial) son "casi cuatro veces el salario mínimo interprofesional" y si la rebaja es "sustancial y considerable" se debe a que "la suma de la que se partía ya era muy elevada" (3.714,11 euros brutos mensuales) en referencia al sueldo que cobraba el anterior regidor, Antonio Mouriño.
Los portavoces de la oposición expresaban ayer su satisfacción por la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en un plazo de 15 días. "Esto deja claramente a la vista que el Concello fue expoliado durante 20 años por Antonio Mouriño y con muchas complicidades en este pueblo", declaraba la portavoz socialista, María Jesús Bóo, que matizó que "con este asunto se ajustan muchas cuentas". A la vista de la sentencia, Bóo comenta que "hicimos lo que teníamos que hacer en contra de los informes del secretario e interventor" y que por fin "se restituye la soberanía del pueblo porque, hasta ahora, teniendo la oposición la mayoría, no se ha ejecutado ninguno de los acuerdos que hemos adoptado".
La edil no adscrita, Montse Álvarez, que con su abandono del grupo de gobierno propició el cambio de mayorías en el seno de la Corporación, declaraba que "yo hice lo que tenia que hacer" y matizó que "el tiempo y la justicia al final me dieron la razón". El BNG ha convocado para hoy una rueda de prensa para dar a conocer su parecer sobre la sentencia.
