El Concello prevé completar hoy el traslado de los usuarios en plena protesta de los empleados
Con un gesto serio y alguna que otra lágrima, los trabajadores que hasta hace dos días atendían a los mayores de la residencia de A Bola asistían incrédulos al traslado de algunos de los usuarios a las puertas del centro. Tras ser "expulsados" de su puesto de trabajo en la jornada del lunes, ayer se personaron nuevamente en las instalaciones para tratar sin éxito de desarrollar su trabajo. En el interior, los usuarios pendientes del traslado eran atendidos por personal contratado por el Concello.
La decisión municipal, con el respaldo judicial, de desalojar el edificio para hacer frente a diferentes reparaciones en el edificio ha dejado a los 14 empleados en tierra de nadie. "A la vista está que el Concello ha asumido la gestión del centro y no nos ha subrogado. No se está respetando ningún derecho", declaraba Alberto Fraguas, exdirector del centro.
Entre los que protestaban a la puerta de la residencia al paso de la regidora, Teresa Barge, hay madres con hijos pequeños, familias con personas a su cargo y "en algunos casos este era el único sueldo que entraba en casa", relata Fraguas, quien no confía en que el Concello cuente con ellos para trabajar cuando se reabran las instalaciones. "Tendremos que buscarnos la vida, pero el tema irá al juzgado", dijo. "Una vez más, la política y el dinero aplastan a los más débiles. En el Día de los Mayores, la alcaldesa hizo llorar a 24 mayores y sus familias", apuntaba la exencargada del centro, de nombre Cristina, quien duda de los problemas estructurales esgrimidos por el Concello para efectuar el cierre. "Es un edificio con pocos años y donde se invirtió mucho dinero, ¿cómo puede decir que está al borde de la catástrofe?".
Los familiares consultados por este periódico solo tenían buenas palabras para las personas que en estos años han cuidado de sus mayores, de los “abuelos” como cariñosamente se refieren a ellos. Además, expresaban su malestar por la gestión de este conflicto, señalando directamente a la alcaldesa y al administrador de Carbatari -concesionaria de la residencia- como culpables de un "despropósito", donde han echado en falta la mediación de autoridades superiores en un conflicto que tenía que haberse solucionado lejos de las cuatro paredes llamadas hogar por los mayores, así como el desarraigo que este traslado pueda crear en algunos de ellos. "Los abuelos estaban trastornadísimos, muy nerviosos; una hasta se quiso escapar", aseguraba Fraguas tras hablar con familiares que accedieron al edificio.
Inspección de trabajo
Para corroborar la situación laboral de estos trabajadores y conocer la gestión en el interior del inmueble, la CIG confirmaba la visita ayer de la Inspección de Trabajo. "Nós estamos estudando xuridicamente a estratexia a seguir para acadar que se recoñezan os dereitos destes traballadores", afirmaba Anxo Pérez Carballo, secretario provincial de CIG, quien tildó de "temeraria" la actuación liderada por el Concello, "ao que facemos co-responsable desta situación, xunto coa empresa".
La oposición nacionalista, testigo directo de las intensas jornadas vividas en Podentes, también mostraba su disconformidad por el proceder del grupo de gobierno. "Que a CIG e as dúas concelleiras do BNG se pregunten a quen defenden porque o 40% dos traballadores son da Patronal", rebatía Barge en alusión a la relación familiar de varios empleados con el administrador, al tiempo que cifró en 140.000 euros la deuda de Carbatari con el Concello y aludió a supuestos despidos improcedentes realizados a extrabajadores de A Bola. "Eu quero crear emprego estable e de calidade", dijo, al tiempo que insistió en que "cando se volva abrir o edificio, recoñeceremos aos verdadeiros traballadores os dereitos que teñan".n
