En este sentido, han especificado que el falseamiento de datos de taquilla para obtener ayudas del Estado a la amortización de producciones cinematográficas.
El juzgado número 29 de Madrid investica a una decena de personas por un presunto delito de falsedad documental y fraude a las subvenciones en grado de tentativa por la película 'Los muertos no se tocan, nene' (2011), producida por Goma Centro de Producción, según han informado en fuentes jurídicas.
En este sentido, han especificado que esta es una de las cuatro causas abiertas en juzgados madrileños por el denominado fraude del 'taquillazo', es decir, el falseamiento de datos de taquilla para obtener ayudas del Estado a la amortización de producciones cinematográficas.
Esta causa en concreto esta abierta en el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid y está en fase de instrucción. Figuran como imputados, Juan Goma Martín, Marc Albela, José Gago Herranz, José Ramón Gago Perales, junto con los responsables de Séptimo Arte Exhibiciones.
'Los muertos no se tocan, nene', en una cinta de 2011, dirigida por José Luis García Sánchez y, con guión de José Luis García Sánchez, David Trueba, Bernardo Sánchez, está basada en una novela de Rafael Azcona.
Esta es una de las cuatro causas que investigan juzgados madrileños por el presunto fraude del 'taquillazo', es decir, el falseamiento de datos de taquilla para acceder a las ayudas a la amortización en producciones cinematográficas. Además, el juzgado de instrucción número 23 de Madrid, instruye otra causa, de la que no ha trascendido más información.
Junto con estas dos, fuentes jurídicas han adelantado a Europa Press que este miércoles 25 de noviembre se celebrará juicio oral por presunto fraude contra el productor Miguel Bardem, investigado por el juzgado número 40, por la película 'El rey de la montaña', en el que defensa y fiscalía han pactado la devolución de las ayudas. Además, el Juzgado número 41 ha instruido el caso contra ABS Production-Barcelona y Luna Exhibición, por presunto fraude en tres películas producidas en 2009.
Además, fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que es previsible que haya más causas por delitos similares.
CULTURA PIDE DEVOLUCIÓN A MÁS DE 30 PELÍCULAS
Por su parte, el ministerio de Educación, Cultura y Deporte explicó este lunes a Europa Press que ha solicitado el reintegro de más de una treintena de subvenciones a producciones cinematográficas en los últimos tres años.
Concretamente, el Gobierno habría requerido la devolución a 23 películas entre 2013 y 2014, así como a otras nueve producciones, por el momento, en lo que va de año 2015. Estas fuentes, no obstante, no han especificado de qué cintas ni productoras se trata en concreto.
En todo caso, eludieron facilitar información se sobre el informe remitido por el Ejecutivo a la Fiscalía Provincial de Madrid, adelantado este lunes por el diario El País, que revela que productores, distribuidores y exhibidores han presuntamente falsificado datos de taquilla para acceder a las ayudas a la amortización.
En todo caso, subrayaron que se trataría de casos puntuales que "en ningún momento pueden ensombrecer" la imagen del sector, al tiempo que recalcaron que el cambio en el modelo de financiación del cine, que se aplicará desde 2016, y que contempla las ayudas 'a priori', ataja un "potencial uso fraudulento" de la taquilla, ya que este requisito queda, según aseguran, en un segundo lugar.
Igualmente, las mismas fuentes precisaron que sobre este particular existen dos procedimientos, uno por la vía penal, motivado por una denuncia de fraude efectuada en 2012 --en relación a las subvenciones de producciones de 2010--. Esta acusación se basa en la infracción del artículo 308 del Código Penal, que contempla multa y pena de hasta cinco años de cárcel para aquellos que falseen datos para obtener subvenciones del Estado de más de 120.000 euros, en caso de que no reintegren la subvención.
Por otro lado, se encuentra abierta la vía contencioso-adminitrativa, en virtud de la cual se están solicitando los reintegros a aquellas producciones de las que la administración considera que tiene pruebas suficientes de que se han falsificado los datos para obtener la subvención. En este caso, Cultura señala que desde 2013 la Intervención General del Estado (IGAE) viene realizando auditorías anuales sobre este particular y que estos son los informes que se han facilitado a la Fiscalía Provincial de Madrid.
