En 2016 se ha puesto una vez más en evidencia que la Ley insignia del Ministerio en esta legislatura, la de la Cadena, siendo positiva, se ha quedado corta
Un Ministerio con su titular en funciones hasta el pasado mes de noviembre; los altos cargos del departamento sin confirmar hasta hace varias semanas; un sector agrario con el que se cebaron los precios a la baja, solo salvados parcialmente por unas buenas cosechas; unos costes de producción al alza, aunque no lo recojan todavía las estadísticas oficiales; el medio rural avanzando hacia un camposanto sin fronteras donde cuesta fijar a los jóvenes a pesar de los datos oficiales en positivo sobre la renta agraria; la gran distribución a su aire en lo que afecta a precios bajos de los productos claves del campo y las comunidades autónomas mirando para otra parte frente a los precios de oferta o descargando parte de sus responsabilidades en la Administración central.
Este ha sido el grueso de cuestiones con las que se podría dibujar el escenario de Agricultura y del sector agrario y del medio rural durante 2016: la climatología acompañó a las producciones vegetales; las producciones ganaderas también crecieron y los precios a la baja se llevaron por delante las posibilidades de una mejora importante de las rentas. Las ayudas directas PAC para algunos sectores siguen constituyendo la tabla de salvación de los ingresos.
Del presupuesto del Ministerio de Agricultura, el grueso de los fondos corresponde a los recursos comunitarios, tanto para las ayudas directas, como para el desarrollo rural y donde cada vez son menos los recursos comunitarios enfocados hacia las actuaciones sobre los mercados y prácticamente inexistentes los nacionales. De acuerdo con ello, la política del departamento se halla en su mayor parte ligada a las acciones y a las exigencias comunitarias derivadas de la Política Agrícola Común como peticiones de ayuda o los pagos directos que España debe cumplir con o sin gobierno en funciones. Por este motivo, en el último año, a pesar de la existencia de un gobierno en funciones, en el caso de Agricultura prácticamente se ha mantenido la actividad normal ligada al trabajo del día a día, con un seguimiento de la situación en cada sector, aunque solamente con la imposibilidad de adoptar medidas que supusieran un incremento del presupuesto prorrogado, salvo en aquellas cuestiones como la lucha contra los incendios forestales que requiriesen una decisión de urgencia. Con la mirada en el pasado, se podría decir que a pesar de esa interinidad de todo el equipo, no se ha notado mucho ese vacío, lo cual puede entenderse en una doble dirección. Bien, porque el equipo tiene un buen ensamblaje y funciona de carrerilla; o porque lo que había que hacer en política agraria sólo estaba básicamente ligado a la Política Agrícola Común donde el eje del Ministerio se ha concretado en el Fondo Español de Garantía Agraria a efectos de seguir simplemente la dinámica comunitaria desde la solicitud de las ayudas hasta los pagos de las mismas.La ejecución de otra política agraria la ligada a los recursos nacionales, prácticamente no se ha notado porque tampoco existía con el gobierno en activo y con todas las competencias en la mano.
En lo que afecta a la actividad del sector agrario, el año se ha caracterizado por el desarrollo de unas buenas campañas en volumen en las producciones vegetales en sectores tan importantes como los cereales con un aumento de casi el 20% sobre el año pasado y de las plantas industriales, buena cosecha de aceite en el entorno de la media de 1,4 millones de toneladas y buena también en vino y mosto con sus 42 millones de hectolitros. En el caso de las producciones ganaderas, los incrementos en volumen también han sido generalizados desde la leche con un incremento medio del 2% hasta las aves y el porcino con un crecimiento del 7,3% hasta los 3,9 millones de toneladas.
En la parte negativa del sector se hallan las caídas generalizadas de los precios, en una media del 3,6% en las producciones vegetales donde destaca el cereal con el 11% y las hortalizas, mientras en la parte opuesta de la balanza se hallan subidas del 9% en frutas y del 20% en la patata. Las producciones ganaderas registraron una caída media del 4,6% donde la peor parte se la llevaron las aves con un descenso del 12,7%, del 14,2% en los huevos, la leche con un descenso medio del 5,4% donde los precios no se acaban de recuperar y del 1,3% en el porcino tras superar una parte del año cotizaciones por debajo de costes. A pesar de ello, el valor de la Producción Final Agraria ascendió a la cifra record de 46.487 millones de euros.
Oficialmente, los costes de producción se han mantenido en su conjunto estabilizados en 21.427 millones de euros gracias, también oficialmente, a un aumento del 3,4% en el volumen de la oferta, pero con una reducción de los precios del 3,6% donde oficialmente cabe destacar la bajada del 7,1% de la energía, básicamente por el gasóleo y del 6,5% en los fertilizantes, si bien, en este caso, las cuentas públicas solo recogen la ligera bajada registrada en el primer semestre del año, pero no la subida aplicada desde el pasado agosto y que se mantiene. Oficialmente, la renta subió el 5,1%.Oficialmente también, en consecuencia, un buen año para el sector y para los políticos, aunque el desastre de los mercados está ahí sin mecanismos de defensa para una mejor regulación.
La distribución volvió a ser noticia en negativo para los intereses del sector agrario y de la industria alimentaria ante la insistencia de algunos grupos de la gran distribución en tener a determinados productos como el aceite a precios de oferta muy por debajo de los costes mínimos de producción. A instancias del sector, Agricultura puso en marcha un proceso de apertura de expedientes del que al cabo de varios meses no se han tenido más noticias. El Ministerio de Atocha, con su Ley de la Cadena Alimentaria en la mano tiene capacidad y competencias para perseguir este tipo de prácticas entre la gran distribución y los industriales y el sector agrario cuando las mismas afectan a la firma o no de contratos, su aplicación correcta, así como así como al cumplimiento de los plazos de pago. Sin embargo, sus competencias no llegan para perseguir los casos sobre una posible venta a pérdidas, algo por otra parte muy difícil de demostrar en cuanto ninguna industria va a acusar a un gran grupo de la distribución de este tipo de acciones ante el temor a perder la presencia de sus productos en sus estanterías. Agricultura, en este tipo de situaciones, solo tiene la posibilidad de investigar de oficio las mismas y pasar todo el expediente a las comunidades autónomas.
En 2016 se ha puesto una vez más en evidencia que la Ley insignia del Ministerio en esta legislatura, la de la Cadena, siendo positiva, se ha quedado corta, no sirve para atajar los problemas de fondo para evitar que quienes tienen el poder en la cadena puedan asfixiar a industrias y al sector agrario.
