Una gran parte de la gran distribución sigue empleano los productos agrarios baratos como reclamo de los consumidores.
Varios e importantes grupos de la gran distribución han sido objeto en las últimas semanas de diferentes sanciones por parte de Comunidades Autónomas por la venta a precios muy bajos de aceite en campañas de promoción que se habían desarrollado en los últimos años. Las multas impuestas son de 42.120 euros por parte de la Junta de Extremadura a Carrefour y de 3.005 euros a El Corte Inglés en la Comunidad Autónoma de Madrid por un expediente remitido por el Ministerio de Agricultura a una docena de Comunidades Autónomas, si bien solamente se decidió a sancionar el gobierno madrileño, curiosamente donde el grupo paga sus impuestos.
En la imposición de estas multas ha sido el aceite el producto objeto de ofertas escandalosas con precios muy por debajo de los costes reales de producción y de los propios precios percibidos hoy por los olivareros. Pero, el campo está lleno de productos maltratados por una gran parte de la gran distribución si los mismos tienen una presencia habitual en el carro de la compra como la leche, el pollo, el porcino o los conejos.
Agricultura, de acuerdo con las competencias contempladas en la Ley de la Cadena Alimentaria, tiene capacidad para investigar y poner sanciones a industrias, a la distribución o a los operadores por no cumplir los plazos pago en las operaciones de compra venta, hacer cobros ilegales, no tener contratos o contratos abusivos. Con esas competencias ha impuesto más de 300 multas por 1,4 millones de euros, a empresas de las que la administración dice no poder decir los nombres. Por el contrario, las sanciones por precios escandalosamente a la baja, si se demuestra que son ventas a pérdidas por parte de la gran distribución, dependen de las consejerías de Comercio de cada Comunidad Autónoma.
Con varios expedientes abiertos, pero sin ninguna sanción hasta la fecha, se halla muy especialmente el grupo Dia por su campaña de oferta de aceite a 2,19 euros en junio, y repetir la misma en septiembre, actuaciones precedidas por los precios a la baja en leche a 0,20 euros litro o los 2,15 euros kilo en pollo que dieron lugar a las protestas de los ganaderos.
Es evidente que, entre los grandes grupos de la gran distribución tradicional existen factores que alientan estas políticas de ofertas y que se podrían concretar en tres: batalla por ganar cuota de mercado contra el liderazgo indiscutible con el 22%, pero estabilizado, de Mercadona; presión de los consumidores en tiempos de crisis por los precios a la baja que se están representando muy especialmente por las marcas blancas o de la distribución por sus menores costes y márgenes y, presión de la nueva distribución online y sobre todo, la estrategia de entrega de puerta a puerta de Amazon.
Frente a este panorama, todos los grupos de la gran distribución, con más o menos agresividad, han abierto la puerta a la potenciación de sus propias marcas más baratas para ganar clientes o no perderlos o rebajar los precios de la marca de fabricante si sus dueños quieren seguir con la misma en los mercados.
Estas estrategias de precios a la baja, bajo un a otra fórmula, hoy dominantes en el campo de la distribución, sobre el papel son beneficiosas para el consumidor. Pero, cuando ya superan los límites de la normalidad, teniendo en cuenta los costes de la producción, significan por el contrario un serio atentado contra los intereses e la industria alimentaria y de los agricultores y ganaderos y, en algunos casos, contra otros grupos de la misma distribución que operan con un equilibrio en los intereses de todos los operadores de la cadena. Ni el sector agrario, ni esa industria alimentaria por la que sacan tanto pecho los gobiernos como uno de los motores de la recuperación económica, de la exportación o del empleo en el mundo semi rural, puede convertirse en un campo de ofertas que ponga en peligro su viabilidad
Para los industriales, en su mayor parte con un tamaño pequeño o mediano, carentes de una marca de prestigio que sea clave en los mercados, estar en los lineales de los grandes grupos de la distribución, es algo indispensable para seguir vendiendo, por lo que, en ningún caso se pueden atrever a decir que no a una propuesta de entrada en uno de esas cadenas a precios bajos con su marca, o bajo la marca de la distribución. Hay que tener en cuenta que la marca blanca supera el 40% de la distribución de gran consumo y ese porcentaje supera el 60% en productos agrarios claves para el campo, como la leche o el aceite.
Esta estrategia y sus efectos sobre esa gran parte de la industria alimentaria que no son los grandes grupos multinacionales con marca que sí pueden imponer condiciones a la gran distribución, se traduce en efectos directos inmediatos. Las empresas alimentarias, para ajustar sus costes, tienen la necesidad de comprar a la baja esa materia prima en origen con los consiguientes efectos negativos sobre los mercados, desde los agrícolas a los ganaderos, desde los productos de temporada a los permanentes.
Rentabilidad
Hasta aquí hay un problema de rentabilidad que lo pagan en su mayor parte los productores en origen. Pero, además de ello, hay otros riesgos. Las industrias se ven obligadas a ajustar al máximo los parámetros de calidad, no ir a un fraude, pero limitarse a cumplir lo que manda la normativa, por lo que no es extraño adquirir aceites de marca blanca sin el olor, sabor o color del aceite de gran calidad.
La estrategia de precios a la baja para determinados productos agrarios de calidad, supone además una banalización de los mismos ante los consumidores nacionales y no es el mejor ejemplo reclamo para los muchos importadores que vienen a España para comprar aceite.
Ante esta situación, parece importante una respuesta contundente vía sanciones desde las Administraciones, en este caso con las competencias en manos de los gobiernos regionales, en defensa de una industria, un sector agrario y un medio rural, ante una guerra entre la gran distribución donde solo preocupa la cuota de mercado. Además de multas, hay un compromiso con Agricultura sobre defensa de las producciones agrarias que industrias y la gran distribución deberían cumplir si su firma tiene algún valor. Y Agricultura, exigir su cumplimiento y no quedarse de brazos cruzados.
