CUENTA DE RESULTADOS

La economía, dependiente de la política

Hay países ricos, como Suiza, donde parece indiferente quien gobierna. No así en aquellos otros que, como España, tienen tantos problemas de desempleo, precariedad, pobreza y desigualdad, que exigen soluciones.

Casi diez años de crisis están saldándose en España con unos niveles de paro fuera de lo común en el mundo desarrollado, a pesar de los avances observados en los últimos meses. En general, la crisis trajo consigo precariedad, pobreza, desigualdad y desahucios y desencadenó nuevos escenarios políticos en España, ahora más inestable y más endeudada en la esfera pública. A ello se añade que muchos jóvenes cualificados se vieron obligados a tomar el camino de la emigración, sin muchas perspectivas de retorno. En el otro lado de la balanza, el déficit público parece estar bajo control y la economía crece a buen ritmo.

Más paro y menos renta disponible empañan, pues, los logros económicos de la era Rajoy, caracterizada por el ajuste y la austeridad, en un contexto perfilado por los recortes en la protección social (educación, sanidad, dependencia, seguro de desempleo…) y una dura reforma laboral que todavía no ha dado todos sus frutos pero que sí trajo más despidos y más baratos. Así fue –y es– el entorno de la economía familiar en la España de 2007 a 2017 y el resultado de la política económica aplicada por los dos últimos gobiernos: el del socialista Rodríguez Zapatero y el del conservador Mariano Rajoy.
Fiscalmente, tampoco hubo avances en términos de progresividad; más bien todo lo contrario, como observa el hacendista Xoaquín Álvarez Corbacho. A la vista de los principales impuestos que recaen sobre el salario, la primera categoría procede de la imposición real, visible, convencional: el IRPF –transformado ya en contumaz tributación salarial– y el IVA, que grava otra vez esa capacidad económica cuando el salario se destina al consumo.
La segunda imposición es invisible, oculta, desorientadora. Una se origina con la inflación repuntando y la tarifa progresiva del IRPF. Si el salario se ajusta a la inflación y mantiene su capacidad adquisitiva, pero la tarifa permanece, esa capacidad económica puede soportar un gravamen superior. La otra procede de recortar el gasto público. Porque la austeridad y la reducción del gasto es también tributación oculta que grava de forma progresiva y dolorosa la pobreza. Cuanto más pobre es la persona, más sufrimiento proporcionan los recortes en sanidad, educación o dependencia, pudiendo incluso alcanzar la exclusión.

La tercera imposición sobre el salario es cínica y desvergonzada, al estar asociada a la amnistía fiscal. Porque el fraude tributario lo soportan siempre los contribuyentes honrados. Pagando más impuestos, recibiendo menos servicios o ambas cosas a la vez.

Finalmente, estaría el gran fraude tributario y la fuga de capitales. Su dimensión ronda los 250.000 millones de euros al año –un 25% del PIB–, pero sus efectos sobre el ahorro, la actividad productiva y los contribuyentes honrados es demoledora. Porque estos recursos se utilizan después para financiar los déficits públicos, exigiendo a su vez que suban los impuestos o recorten el gasto para garantizar así el pago de la deuda.

El país no ha avanzado en progresividad fiscal –un factor clave en la economía de cualquier país moderno– pero tampoco en educación, la herramienta imprescindible para tener un buen capital humano. En España se asocian poco educación y economía, a diferencia de los países más desarrollados, donde se entiende el concepto capital humano como la capacidad productiva de una persona como generadora de renta y riqueza.
 @J_L_Gomez
 

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