Empresas electrointensivas, a menudo también contaminantes, llegan al extremo de pedir que se multipliquen por ocho las ayudas que reciben. Y encima logran tener apoyos políticos de primer nivel.
La capacidad de algunas empresas para reclamar ayudas millonarias del Estado contrasta con el silencioso esfuerzo de otras que solo pagan impuestos –también millonarios– a ese mismo Estado. Visto semejante espectáculo desde la provincia de Ourense, que no tiene grandes industrias electrointensivas, todavía produce mayor impacto.
Estos días hay empresas gallegas –en su mayoría de la provincia de A Coruña– que reclaman al Gobierno central que multiplique hasta por ocho las ayudas previstas, lo cual parece perseguir su entrada en El libro Guinness de los récords o algo por el estilo. Ayudas multiplicadas ¡por ocho! equivaldría a multiplicar por la misma cifra la parte necesaria de los impuestos que se destina a esas empresas, entre ellas algunas multinacionales.
Pero sus reivindicaciones tienen padrinos políticos, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que pasó de una discreta posición reivindicativa en la época de Mariano Rajoy a ser el principal valedor ante Pedro Sánchez de una serie de empresas que no solo necesitan abaratar sus costes energéticos, sino también dejar de contaminar, aunque de esto último ni siquiera se habla.
Otro gran manto de silencio cubre la partida presupuestaria de la que deben salir todos esos millones de euros que reclaman las industrias electrointensivas, hasta el punto de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, sitúa en el ámbito europeo la resolución del problema. Se le exigen millones de euros al Estado como si el Estado tuviese un saco sin fondo, cuando lo cierto es que todos sus millones o bien salen del pago de impuestos o de elevar su deuda.
Desde Ourense causa mayor impacto este tipo de noticias porque es una gran productora de energía eléctrica por parte de una compañía que está, por cierto, lejos de cumplir con su responsabilidad social corporativa (RSC), llamada también responsabilidad social empresarial (RSE) o inversión socialmente responsable. De hecho, si empresas como Iberdrola asumieran su verdadero compromiso social con provincias como la de Ourense, donde se amamantan a diario, todos saldríamos ganando.
Simultáneamente, Ourense tiene algunas grandes empresas que o bien se buscan la vida en los mercados internacionales, como Copasa, o que fundamentan su desarrollo integral en su propia provincia, como Coren, que a la vez es capaz de exportar a 55 países. Y en su caso, no solo no piden que el Estado multiplique por ocho sus ayudas públicas, sino que básicamente se dedican a pagar sus impuestos.
Para justificar las ayudas multimillonarias a empresas electrointensivas –a menudo también contaminantes– suele apelarse al empleo que generan y la riqueza que producen, lo cual puede ser cierto en parte, pero no menos que en el caso de empresas que no solo no contaminan sino que además crean empleo y fijan la población en su propio territorio, como sucede con Coren sin ir más lejos.
Hay datos de empresas que rara vez levantan la voz que podrían acallar las voces de quienes tanto cacarean. Por seguir con el mismo ejemplo, Coren está afrontando inversiones millonarias para crear –que no mantener– 325 empleos en Ourense, al tiempo que reactiva tierras en desuso. ¿No sería más lógico ayudar a este tipo de empresas limpias, generadoras de valor añadido y con compromiso social que a otras cuya principal virtud es su capacidad de presión?
@J_L_Gomez
