España lleva meses centrando su agenda política en problemas tan peculiares que no son conocidos en otros países de su entorno. Ahora descubre que los verdaderos problemas siguen siendo económicos.
Alcoa ha programado el cierre de sus factorías de A Coruña y Avilés y, como es natural, se han desatado movimientos sociales, sindicales y políticos a favor de los trabajadores. En el fondo, hay dos maneras de afrontar situaciones así: una, buscar una salida sobre la marcha –léase, nuevas compensaciones a la multinacional–, y dos, corregir los problemas que dan pie a tan dramática decisión económica y laboral. Es comprensible que ahora mismo los esfuerzos se centren en evitar el cierre, pero el problema seguirá estando ahí, y no solo en Alcoa.
España tiene unos costes laborales bajos en relación con otros países europeos pero a la vez tiene unos precios de la energía muy altos, que en algún momento debe reducir. Para ello tiene dos vías: rebajar los costes energéticos y reducir los impuestos que se aplican al consumo de la luz o los carburantes. Si no lo hace, volverán a repetirse casos como el de Alcoa, al menos en aquellos territorios que, a diferencia del País Vasco, no tienen una tarifa eléctrica ventajosa –subvencionada– para sus empresas.
Tal vez un observador extranjero independiente vería más lógico que semejante privilegio se aplicase en Galicia, una comunidad productora de energía eléctrica, pero la realidad política española es que ese beneficio lo tienen los vascos. Ni siquiera los catalanes lo han conseguido.
No es la única contradicción que se observa en este peculiar sector. La crisis de Alcoa en A Coruña y Avilés ha puesto al descubierto que una multinacional puede actuar en España al margen de los gobiernos autonómicos y del Ejecutivo central, que se enteraron por la prensa del cierre y –lo que es más sorprendente– ni siquiera encontraron interlocutores cuando los buscaron. Situaciones así solían darse en los siglos pasados en África, Asia y América Latina pero se suponía que en Europa, en el siglo XXI, ya no se daban.
En una democracia, un Estado que se precie procura darse a respetar ante los grupos de interés, se llamen multinacionales, bancos o aseguradoras. Lo sucedido esta semana en España con la altanería de Alcoa o la presión de la banca al Tribunal Supremo prueba que, aunque se hable menos de esas cosas que de tonterías como los masters, algo va mal.
Por encima, llueve sobre mojado. Alcoa ya ha cerrado o vendido plantas de producción en Amorebieta, Alicante y Sabiñánigo. Pero Alcoa cree que puede seguir campando a sus anchas mientras mantenga 1.200 empleos en San Cibrao, en el norte de Lugo, donde causa por cierto un grave problema medioambiental con el almacenamiento de lodos a cielo abierto, sin que nadie diga nada.
Y no terminan ahí las adversidades. El abandono del carbón y/o de la energía nuclear van a traer nuevos problemas, de costes y de posibles cierres de otras instalaciones, cosas de las que nadie quiere hablar pero que son auténticas minas sobre el mapa industrial de España, y de Galicia. Son tantas las dificultades que el alto precio de la energía, las escasas inversiones en tecnología y la sobrecapacidad –bajo la presión china– siguen provocando el cierre de plantas industriales de multinacionales y el despido de sus trabajadores. Hoy por hoy, tienen destinos más competitivos.
Estos días se habla mucho de Alcoa, pero su estrategia no es distinta de la de Cemex, con cierres de plantas en Almería y Baleares; Vestas, en León, o La Naval, en Sestao. Algo va mal en España.
@J_L_Gomez
