Los toques de atención de los socios de Sánchez ya no se limitan a meros gestos, sino que impactan en el conjunto de las administraciones públicas, lo cual denota o bien irresponsabilidad o sed de elecciones.
La fijación del techo de gasto es un paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Tiene una doble importancia: permite saber las previsiones de ingresos del Gobierno y avala ante Bruselas los compromisos de España con el llamado pacto de estabilidad, ya que la UE sigue controlando su nivel de déficit, que se mantiene por encima del margen establecido. Es decir, España no cumple.
Este tipo de cosas, mejor o peor, solía explicarlas con relativa frecuencia el ex ministro de Economía Luis de Guindos, ahora en el Banco Central Europeo. No solo informaba a la prensa, sino también a los mercados, ya que la prima de riesgo es sensible a estos avatares. Ni su sucesor ni la actual ministra, Nadia Calviño, siguieron su estela.
La falta de transparencia y de explicaciones claras sobre las cuentas del Estado se solapan ahora con la actitud irresponsable de varios grupos que apoyaron la moción de censura a Rajoy. Pero Nadia Calviño sigue callada, sin plantarles cara. Da la impresión de ser una ministra tecnócrata, con contactos en Bruselas, pero sin el fondo político que exige un ministerio como el de Economía. Con Borrell en Economía no estaría sucediendo lo que estamos viendo.
Tampoco el presidente del Gobierno demuestra altura de miras en este delicado escenario, no solo para exigir lealtad a sus supuestos socios, sino incluso para pedirle al PP lo mismo que antes le exigía Rajoy al PSOE: responsabilidad para aprobar el techo de gasto.
Es verdad que el fracaso político de ahora se podrá enmendar en septiembre, si Podemos y los independentistas catalanes cambian de actitud, pero el vacío que se genera no aporta confianza en la economía española, ni transmite tranquilidad a los ministerios y a las comunidades autónomas. Tampoco a la Seguridad Social.
Si Podemos y los independentistas quieren darle un toque de atención a Pedro Sánchez, para que sepa que depende de ellos y no debe ir por libre, pueden elegir otros frentes, sin causar tanto daño al conjunto del país e incluso a instituciones donde ellos mismos están gobernando o cogobernando; léase la Generalitat de Cataluña y varias comunidades.
Da la impresión de que España necesita volver cuanto antes a un gobierno estable, ya que la experiencia multipartidista no funciona aquí con la altura de miras que tienen ciertas coaliciones en otros países europeos. Ni hay consensos básicos entre los dos grandes partidos ni hay bloques ideológicos cohesionados, lo cual aflora la inmadurez democrática de España. El problema no está solo en la debilidad del bipartidismo, sino en la falta de cultura política de las coaliciones, a lo que se añade la crisis política territorial, con Cataluña lejos de su encaje en el marco constitucional.
Ante situaciones tan críticas parecen necesarios líderes con las ideas claras, al estilo de Borrell, pero es evidente que solo con Borrell no basta. En un escenario así, Calviño tendría que darse a valer, como hicieron en su momento Solchaga o Solbes.
España no solo tiene en juego un ajuste de 5.000 millones de euros para cumplir los objetivos de déficit público y otros 6.000 millones adicionales; en total, 11.000 millones. Peligran también las cuentas de la propia Administración central, la Seguridad Social y las autonomías. Y esa incertidumbre tiene otras dos derivadas: impacta en la confianza empresarial y en la credibilidad del Gobierno en Bruselas, donde debe orientarse a un objetivo de déficit público del 1,3% del PIB en 2019.
