En España está muy extendida la idea de que las empresas del Ibex 35, las más poderosas del país, pagan pocos impuestos, lo cual es verdad, pero el problema va más allá de las grandes cotizadas.
Las empresas del Ibex 35 redujeron su aportación al impuesto de Sociedades a medida que aumentaron el reparto de dividendos desde el año 2007. Y no sólo eso: las grandes compañías sacaron provecho durante toda esta crisis de amplias deducciones fiscales. ¿Resultado? El Estado ingresa mucho menos.
Un par de datos para situarnos. En 2007, último año de bonanza en España, el Estado recaudaba casi 45.000 millones de euros por el impuesto de Sociedades, mientras que en 2013 esa cifra se vio reducida a 19.012 millones, mucho menos de la mitad.
Para 2016, los Presupuestos Generales del Estado prevén recaudar por Sociedades 24.868 millones de euros, poco más de mil millones más que en 2015. Quiere esto decir que, una vez superada la recesión y en plena fase de crecimiento, el Estado recauda por Sociedades un 44,52% menos, porcentaje que traducido a euros significa un ingreso de 20.000 millones menos que en 2007.
Nadie discute que la crisis ha penalizado los beneficios de las compañías, tanto grandes como pequeñas. Pero el impacto en la recaudación, por las deducciones fiscales, fue mucho mayor, especialmente en los grupos consolidados, que son los que mejor aprovechan el generoso régimen de exenciones, deducciones y beneficios que fueron aplicando y/o tolerando los gobiernos del PSOE y del PP. La prueba está en que de los 9,3 puntos de Producto Interior Bruto (PIB) perdidos por la economía española durante la crisis se han recuperado 6,2 puntos, dos tercios del total, lo cual no tuvo traducción proporcional en los impuestos que pagan las empresas; especialmente las grandes.
La situación se ha corregido en parte pero en algunos momentos llegó a rozar el escándalo. En plena crisis –año 2011, por ejemplo- los grandes grupos tributaron apenas al 3,5% por los beneficios, de modo que el pago de grupos empresariales a Hacienda pasó de 12.600 a 3.000 millones de euros en cinco años.
Nada sale gratis. Para que el déficit público no se disparase aún más, el Gobierno toleró este estado de cosas en el mundo empresarial y elevó otros impuestos, sobre todo el IRPF y el IVA, de modo que ahora los españoles pagan más por estos dos tributos. De hecho, el impuesto de Sociedades es el único que no se ha recuperado de la crisis, lo cual repercute en el déficit público y termina por elevar la desigualdad, ya que quienes menos tienen terminan pagando más.
Veamos otro dato para comprender mejor la dimensión del problema fiscal de España. Supongamos que el Estado no quiere tener déficit pero tampoco desea recortar más los gastos en el Estado del bienestar. En ese caso, tendría que elevar los ingresos en 59.730 millones de euros, su actual cifra de déficit, y una medida así abocaría al Estado a duplicar prácticamente la recaudación por IVA o a multiplicar por más de tres los ingresos del impuesto de Sociedades, objetivos que desbordan la realidad económica de España.
La crisis económica se llevó por delante más de la mitad de los ingresos procedentes de las empresas y el Estado no supo reaccionar a tiempo, de modo que las clases medias asumieron un mayor esfuerzo fiscal y los trabajadores pagaron el coste de la crisis mediante devaluaciones salariales. Las generaciones más jóvenes no sólo lo pasan mal ahora sino que quedan hipotecadas para el futuro por una inmensa deuda que acumula los sucesivos déficits públicos del Estado.
@J_L_Gomez
