Montoro sigue dándole vueltas a sus peregrinas opciones ante la falta de presupuestos, pero nadie mejor que él sabe que no debe saltarse la Constitución ni hacer política bajo amenzas a sus socios
La Constitución no se anda con rodeos a la hora de indicarle al Gobierno que debe presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Por lo tanto, cuando el ministro de Hacienda dice que “no descarta” prorrogar el Presupuesto General del Estado durante dos años consecutivos –2018 y 2019, partiendo de que el de 2017 ya fue prorrogado–, no solo está soltando una boutade política y económica, sino que está incumpliendo lo que establece la Carta Magna.
En España, como en cualquier otro país democrático, corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación, y si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Así lo define también la Constitución.
La ausencia del Presupuesto es, pues, una grave anomalía política, es inconstitucional y representa un serio problema no solo para el Gobierno, sino también para las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. E incluso para la Unión Europea.
Un escenario como el que plantea Cristóbal Montoro es impropio de una democracia. De hecho, hay países donde si el Gobierno no logra aprobar el Presupuesto entra en crisis y puede verse forzado a convocar elecciones. Y no digamos ya si eso se repite varios años.
Pero al margen de que sea una cuestión de sentido común y, tal vez por eso mismo, un mandato constitucional, la presentación del Presupuesto condiciona la estabilidad económica del país, tanto para los estamentos públicos como privados. Las empresas y los bancos suelen hacer sus propios presupuestos siguiendo las pautas básicas de las cuentas públicas y de los escenarios que éstas toman como referencia en materias como el crecimiento, la inflación, los tipos de interés o el precio del petróleo. Por si fuese poco, el Gobierno de un país sin Presupuesto hurta a la Oposición su derecho y su deber de controlar las cuentas de todos. En definitiva, una aberración democrática y una total falta de respeto a la Constitución y a las instituciones del Estado, donde el Gobierno es una institución importante pero no es la única.
Lo más lógico es suponer que Cristóbal Montoro solo quiere amenazar a otros partidos para que faciliten su labor de aprobar el Presupuesto pero tampoco parece que sea ése el camino más indicado para generar consenso.
Están en juego las cosas de comer, es decir, las revisiones salariales de los funcionarios, los recursos de las comunidades autónomas o las propias inversiones del Estado. Y están en el aire previsiones fundamentales para los agentes políticos, desde un pequeño ayuntamiento hasta la Unión Europea, ante la que España debe rendir cuentas y comunicar –en julio– la aprobación de un techo de gasto para 2019.
La idea de gobernar a golpe de decreto como alternativa a pactar un presupuesto o, en su defecto, convocar elecciones anticipadas, no se sostiene. El PP debe evaluar, en consecuencia, sus relaciones con Ciudadanos y el PNV –sus socios potenciales– o dar por finiquitada la legislatura, ya que la opción de recurrir al PSOE no parece realista: en España no hay una gran coalición.
@J_L_Gomez
