ECONOMÍA

Pórtico iniciará la próxima semana la negociación del ERE de extinción

En unos días finaliza el plazo para presentar en el juzgado el plan de liquidación de la empresa

Los representantes de la plantilla y el administrador concursal del Pórtico iniciarán la próxima semana las reuniones para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter extintivo que afectará a la totalidad de los trabajadores que todavía quedan en la empresa, casi 200.

La empresa gallega está en fase de liquidación y el próximo martes expira el plazo para que el administrador concursal entregue en el juzgado el plan de esa liquidación. Mientras, los trabajadores mantienen su actividad, tanto para las tiendas (tratando de sacar el mayor beneficio posible a la cercana campaña de navidad) como para dar salida a la mercancía de Dayaday (filial ahora en manos del grupo Tous).

Por otra parte, la administración concursal ha llegado a un acuerdo con el fondo de inversión Gordon Brothers (que inyectó dos millones de euros en la firma de decoración después de que ésta superase el concurso) para vender su mercancía, y confía, al igual que la plantilla, que haya recursos suficientes para pagar las liquidaciones.

Pórtico pidió al juzgado, el pasado 4 de noviembre, la apertura de la fase de liquidación ante la imposibilidad de cumplir el convenio de acreedores y por su falta de crédito. Así, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra dictó auto en el que se dejaba sin efecto el convenio, se abrió la fase de liquidación y se declaraba disuelta la entidad Pórtico S.A.

Además de la presentación del plan de liquidación, ya se iniciaron los trámites para la presentación de alegaciones por parte de los acreedores, y para la calificación del concurso (culpable o fortuito).

ANTECEDENTES

En junio de 2013, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra declaró la entrada en concurso de acreedores de Pórtico y de su filial Dayaday (que posteriormente fue adquirida por Tous), que tenían una deuda de unos 55 millones de euros. Un año después, tras llegar a un acuerdo con los acreedores y con una quita del 50 por ciento, la firma logró salir del concurso.

Sin embargo, sus problemas no se terminaron, porque tenía deudas con Hacienda  y con los trabajadores. La empresa, que tenía acuerdos con inversores para una ampliación de capital por 2,5 millones de euros, logró llegar a un pacto para aplazar el pago de la deuda con el organismo público.

Asimismo, en agosto de este año, llegó a un acuerdo in extremis con el Fondo de Garantía Salarial para que adelantase el pago de la deuda con los trabajadores (unos 3,3 millones de euros), para lo que hubo que poner como aval, además de terrenos, el valor de la propia marca. En aquel momento, los directivos de la empresa habían anunciado que ese acuerdo permitiría "mantener la actividad y el empleo".

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