ECONOMÍA

Presupuestos sin reforma fiscal a fondo

photo_camera Montoro en una foto de archivo.

El Presupuesto para 2018 llega después de que Madrid confirmase que cumplió el año pasado con el objetivo de estabilidad acordado con Bruselas del 3%. Gobierno y Oposición coinciden en pocas cosas 

Las cuentas públicas para 2018, de aprobación incierta, se proponen elevar el gasto público e incluyen medidas como la subida para las pensiones mínimas o el alza salarial de los funcionarios, así como algunas rebajas fiscales, insuficientes para hablar de una reforma fiscal a fondo.

Varios ejercicios seguidos de rigor en las cuentas y de ajuste fiscal no han impedido que España siga siendo uno de los países con mayor déficit público dentro de la UE y, sobre todo, uno de los que acumula una mayor deuda pública. Tal vez por eso, son cada vez más los economistas que abanderan una reforma fiscal en profundidad, si se quiere afrontar la reducción paulatina de la deuda pública. Pero de momento, como observa la profesora de la USC María Cadaval, se perpetúa la estrategia fiscal del Gobierno alrededor de unos ingresos que permanecen anclados en el 38% del PIB, “cuando debiera mudarse para tratar de aproximarlos a la media de la zona euro, en el 46%”.

“En la medida en que no se apueste por una profunda reforma fiscal que permita que el 10% más rico del país y las grandes corporaciones aporten más a las arcas públicas”, sostiene el PSOE, “todo deterioro de las bases recaudatorias del IRPF es financiada por los propios trabajadores y las rentas medias por las vías de menos gasto social y más imposición indirecta”. A juicio de Pedro Saura, portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista, vendría a ser “una suerte de redistribución hacia arriba de la renta y el bienestar o redistribución al revés”.

También desde una perspectiva socialdemócrata, el ex ministro de Industria Miguel Sebastián sostiene que los Presupuestos no abordan el problema estructural del endeudamiento público –“algo que perjudica la solidaridad intergeneracional que deben defender los progresistas”– y que son claramente “procíclicos” y, por tanto, “violan la propuesta keynesiana de que la política fiscal debe ser contracíclica”. A su entender, tiene que ser expansiva en los momentos de crisis, “bajando impuestos y elevando el gasto, sobre todo el más relacionado con el empleo”, y contractiva en las fases expansivas, “moderando el crecimiento del gasto y evitando recortes de impuestos, de forma que se reduzca, en términos de PIB, el endeudamiento generado en la fase recesiva”.

El Gobierno se defiende; “Estos son los presupuestos de los funcionarios, de los pensionistas, de los trabajadores de rentas medias y bajas y de las administraciones”, presume Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, criticado por su “optimismo deliberado”. En síntesis, las cuentas para 2018 prevén unos ingresos tributarios de 210.015 millones, un 4,5% más, de los que 82.056 millones son de IRPF (con un alza del 5,2%), 24.258 millones de Sociedades (0,6% menos) y 71.575 millones por IVA (un 6,1% más). También en pocas palabras: vuelven a cotizar los de siempre y el Impuesto de Sociedades sigue a años luz de la recaudación de 2007, cuando resulta que ahora el PIB es el mismo.

Sobre el papel, Cristóbal Montoro puede sostener su optimismo calculado aún a sabiendas de que no se alcanzará la recaudación prevista, ya que es probable que tampoco se ejecuten muchas de las partidas de gasto. El calendario de 2018 explica esta situación. A pesar de ser un proyecto anual, su ejecución será, en el mejor de los casos, semestral, y así será más fácil cuadrar sus cuentas. Si es que se aprueban, claro.

@J_L_Gómez

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