Cada vez se conocen más detalles de las fechorías de ciertos ejecutivos de cajas de ahorros pero cada vez se sabe menos de los miles de millones que los contribuyentes aportaron a la banca española.
Hace 2.500 años el pensador chino Confucio dijo: “Cuando el sabio señala a la luna, el necio mira al dedo”. A pesar del tiempo trascurrido, no todo el mundo parece estar convencido. Un botón de muestra es el relato sobre lo acontecido en las cajas de ahorros españolas. Las pérdidas de varios miles de millones de euros pierden protagonismo frente a las decenas de millones de euros de los que se apropiaron algunos ejecutivos corruptos.
¿Por qué hay tanto interés en destacar el comportamiento ilegal de esos ejecutivos y, en cambio, hay tan poco en investigar a fondo qué pasó realmente con las cajas de ahorros de España; es decir, con la mitad del sistema financiero español de la época democrática?
Obviamente, la pregunta no pretende minimizar la gravedad de las malas prácticas de esos ejecutivos, sino cuestionar por qué el Estado apenas se ha movido para salvar las cajas de ahorros y apenas hizo nada por investigar lo sucedido. Y no sólo eso, ni siquiera se ha empeñado en recuperar los miles de millones de euros que los contribuyentes dedicaron a tapar inmensos agujeros financieros.
Cuando menos, hay algo de extraño en todo ello, que a estas alturas tal vez ya queda en mano de los historiadores, lejos, por tanto, de las comisiones parlamentarias de investigación, de la justicia y de la prensa económica.
Sorprende, por ejemplo, la filtración sobre todo tipo de detalles de las tarjetas black –incluso los relativos a la compra de lencería– frente a la opacidad sobre las operaciones financieras que hay detrás de los miles de millones inyectados en las cajas.
Del descontrol financiero en el país puede dar idea que el Banco de España concluyó en 2011 que Bankia era muy solvente. Tanto, que su servicio de inspección situaba al grupo de Rodrigo Rato mejor que a Santander y BBVA en diciembre de dicho ejercicio, solo seis meses antes de su colapso. Casos como el de Bankia, que ahora preside José Ignacio Goirigolzarri, pero también otros como los de varias cajas o bancos medianos como el de Valencia o el Pastor -ambos desaparecidos- dan mucho que pensar sobre el descontrol del sector en España.
Tras esta crisis salvaje, la valenciana Ontinyent y la balear Pollença son las únicas cajas de ahorros españolas que mantienen el modelo tradicional. El proceso privatizador de las cajas se narró sin que se conociesen todos los detalles. Pero, probablemente sin darnos cuenta, hemos asistido a una verdadera desamortización financiera que tendrá tantas y tales consecuencias negativas, económicas y sociales, que ahora no somos capaces de imaginar. La primera consecuencia constatable es que con la transformación de las cajas en bancos se perdieron unas entidades cercanas al cliente y al territorio a cuyo desarrollo económico y sociocultural contribuyeron de forma decisiva. Lo cierto es que, para mayor gloria de la banca privada, bajo el eufemismo de su reforma, se privatizaron a precio de saldo unas instituciones que atendían a millones de ahorradores y a toda la sociedad, la cual, además de un buen servicio financiero, recibía de las cajas un dividendo social en forma de actividades culturales y asistenciales.
Un gobierno socialdemócrata, negligente en la supervisión financiera, contó con la complacencia de la derecha política y de la gran banca, cuyo objetivo era eliminar la competencia y hacerse con el negocio de estas entidades financieras de ahorro popular.
@J_L_Gomez
