ESPAÑA

Bermúdez de Castro pide al PSOE que "escuche a España" sobre la prisión permanente revisable

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados pide a los socialistas que "reflexionen" antes de seguir adelante con su propuesta de derogar la ley

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, José Antonio Bermúdez de Castro, ha pedido "que el Partido Socialista rectifique, que reflexione, que escuche a España y que espere a conocer la decisión del Tribunal Constitucional" antes de seguir adelante con su intención de derogar la prisión permanente revisable.

En un encuentro con los medios en Salamanca, Bermúdez de Castro ha reconocido que, de seguir adelante el proceso, los populares tratarán de "buscar fórmulas" para que la tramitación parlamentaria "no se acelere".

Sobre lo vivido en la jornada del jueves en la Cámara Baja, el político salmantino ha criticado la "actitud lamentable" del PSOE con "un discurso incomprensible y desmedido" y en el cierre de la sesión, cuando se llevó a cabo un aplauso en "homenaje a las víctimas" y en el que los diputados socialistas "abandonaron el hemiciclo sin el más mínimo gesto de respeto hacia ellas".

Y, sobre las declaraciones del interviniente del PSOE en la jornada, Juan Carlos Campo, quien dijo que la vigencia de la prisión permanente revisable no ha impedido la muerte del joven Gabriel Cruz, Bermúdez de Castro ha destacado la importancia de mantener la norma porque "como hay criminales capaces de asesinar a niños y ocultar su cadáver, prolongando el dolor de la familia, hay que tener una pena como la prisión permanente revisable".

En este sentido, ha señalado que el asesinato del menor de Almería no lo ha podido evitar. "Pero sí podemos evitar que esa persona nunca más pueda hacer mal a ningna otra persona" y que no podrá salir de la cárcel "sin tener la absoluta garantía de que se ha rehabilitado", ha apostillado.

El político del PP ha insistido en que la ley "está justificada para dar respuesta a los delitos más graves y más atroces", una herramienta que "está contemplada en la mayoría de países europeos" y que está "avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y por "la inmensa mayoría de la sociedad española".

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