Ante la posibilidad de que un partido ejerza de acusación en una causa penal contra un cargo relevante de otra formación
El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido, instructor de la causa contra Rita Bárbera, ha alertado del "serio riesgo de judicialización de la política" por la personación de partidos políticos en causas judiciales que afectan a dirigentes de otras fuerzas.
Conde Pumpido, que hoy ha citado a declarar como investigada a la excalcaldesa de Valencia y actual senadora por supuesto blanqueo de dinero, ha decidido también fijar una fianza de 3.000 euros al PSOE para personarse como acusación popular en el proceso.
Lo ha hecho mediante un auto en el cual alerta del "serio riesgo de judicialización de la política" que supone la práctica -"que no existe en los países de nuestro entorno"- de que un partido ejerza la acusación en una causa penal contra una persona relevante de otra formación política.
Dicha práctica, advierte el magistrado, "transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política".
El PSOE pidió personarse en la causa abierta en el Supremo contra Rita Barberá y solicitó que no se señalase el pago de fianza alguna para hacerlo.
Pero en su auto, el juez instructor recuerda que tanto el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, como la propuesta de Código Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo político diferente, prohibían expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos políticos.
"Es cierto que estos proyectos no han alcanzado vigencia, y que existe una cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la personación de los partidos políticos como acusación popular en causas contra políticos de otros partidos", admite el magistrado.
No obstante, sostiene que eso no excluye que, aun admitiendo la personación, se adopten las necesarias cautelas, "lo que no permite privilegiar este tipo de acusaciones e impide que se prescinda del señalamiento de la oportuna fianza", indica la resolución.
Por ello, tras ponderar las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para el PSOE, y "la previsible asequibilidad" para depositar esa cantidad, fija la fianza en 3.000 euros, que deben ser depositados en metálico en el plazo de ocho días desde la notificación de la resolución.
