Con esta iniciativa, los populares abren la puerta a que este organismo pueda multar o suspender al presidente catalán, Artur Mas, y a cualquier persona que incumpla sus sentencias
El PP ha decidido cambiar la ley para dar al Tribunal Constitucional capacidad sancionadora y abre así la puerta a que este organismo pueda multar e incluso suspender en sus funciones al presidente catalán, Artur Mas, y a cualquier persona o autoridad que incumpla sus sentencias.
Los populares han sorprendido a la clase política con esta iniciativa presentada en el Congreso por el portavoz del PP en la Cámara, Rafael Hernando, y el candidato del partido a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, quien ha admitido que la reforma es un claro mensaje a quienes apuestan por la independencia de Cataluña: "la broma se ha acabado", ha dicho.
Antes de que acabe la legislatura y una vez celebradas las elecciones catalanas estará en vigor esta reforma, que se va a tramitar de urgencia, pero de momento el PP está solo con esta iniciativa que han rechazado todas las formaciones políticas y que es para el gobierno catalán "inconstitucional y electoralista", en palabras de la portavoz de la Generalitat, Neus Munté.
Por el contrario, el Ejecutivo de Mariano Rajoy la ha defendido por considerar, según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que "fortalece" el marco constitucional y garantiza la tutela judicial efectiva en el caso de las sentencias del TC.
Cuatro son los artículos de la ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional que va a cambiar el PP con esta reforma.
Recoge así, entre otras cosas, varios tipos de sanciones en caso de que se incumplan resoluciones del TC, que van desde multas coercitivas de entre 3.000 y 30.000 euros a particulares, empleados públicos o autoridades, a la suspensión en sus funciones de los responsables públicos.
También incluye la "ejecución sustitutoria" de las resoluciones, y en este caso el Constitucional puede pedir al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de dichas sentencias.
Para los casos en los que se incumplan decisiones del TC como la suspensión de actuaciones o disposiciones en "circunstancias de especial trascendencia constitucional", se permite al tribunal de oficio, a instancias del Gobierno, tomar las medidas necesarias para el cumplimiento "sin oír a las partes".
Y además, en este último caso, se da un plazo de tres días para comunicar a las partes y al fiscal y para que el Tribunal Constitucional dicte resolución.
Al presentar la iniciativa, García Albiol ha asegurado que la reforma es un mensaje muy claro a quienes quieren "saltarse las reglas del juego" y "romper Cataluña del resto de España", para que sepan que "la broma se ha terminado".
Es también, ha dicho, la "la forma más clara de demostrar" que los independentistas "no van a conseguir" su propósito.
Nadie, ha dicho por su parte Soraya Sáenz de Santamaría, tiene "nada que temer" con la capacidad sancionadora del TC que otorga esta reforma, salvo que incumpla la ley, porque lo único que hace es "fortalecer" el marco constitucional.
Tanto Sáenz de Santamaría como Rafael Hernando han insistido en subrayar que la reforma no es oportunista ni coyuntural, pero desde la oposición y la Generalitat se ha insistido en su carácter electoralista, y se ha advertido de su posible inconstitucionalidad.
"Cataluña no es ninguna broma; lo que estamos haciendo no es ninguna broma, sino una voluntad de democracia", ha dicho Neus Munté -aludiendo a las palabras de Albiol- además de insistir en que la reforma que impulsa el PP es "inconstitucional y electoralista" y acusar al Gobierno de haber sido el que más sentencias del TC ha incumplido, once relacionadas con las competencias catalanas.
Albiol ha pedido el apoyo de todos los grupos, pero especialmente se lo ha reclamado a dos partidos: el PSOE y Unió.
Sin embargo, el dirigente del PSOE Patxi López ha dejado clara la oposición de su partido al calificar la propuesta de "innecesaria y electoralista" y reprochar al PP su "irresponsabilidad y deslealtad" por querer aprobarla sin consenso y tratar de "imponer" su "pensamiento único al país".
Y con la misma dureza, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha calificado la proposición de ley de "sectaria, oportunista y electoralista", además de sugerir que con ella sólo se pretende apoyar la campaña de Albiol.
Josep Antoni Duran Lleida, líder de Unió, se ha mostrado por su parte convencido de que esta "reforma exprés" planteada por el PP "no resolverá nada" y es "poco inteligente".
Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el PP recurre a las "amenazas" con propuestas como ésta, mientras que el de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el partido de Mariano Rajoy "no tiene credibilidad" con la reformas tras haber hecho la vista gorda ante fallos del TC en Cataluña.
Andrés Herzog, de UPyD ve la reforma "innecesaria" y posiblemente "inconstitucional" al cambiar la naturaleza jurídica de este órgano, mientras que el PNV la ha considerado un "disparate" y una "chapuza legislativa".
Las asociaciones de jueces y fiscales se muestran divididas ante la propuesta, una medida que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura ve como "lógica", pero que colectivos más críticos han rechazado por verla "innecesaria".
