OPINIÓN

Otro presidente autonómico ciego y sordo mientras sus colaboradores se enriquecían

IGNACIOGALAAAAAN
photo_camera El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Juan Vicente Herrera aparece ahora como consentidor de una operación que habría reportado hasta 80 millones de euros a sus participantes, cuya lista repite el patrón clásico: altos cargos, otros que lo fueron, constructores e incluso una de las cinco grandes eléctricas, Iberdrola.

Rajoy y Aguirre, tan enfrentados como parecidos, han hecho escuela. Ahora se ha conocido la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra un grupo de personas estrechamente relacionadas con el Presidente de Castilla y León, quien, como ellos, también ignoró los documentos que desde hace una década denunciaban la situación.

Herrera, que presumía de mantener a su región alejada de la corrupción, aparece ahora como consentidor de una operación que habría reportado hasta 80 millones de euros a sus participantes, por el expeditivo método de no firmar autorizaciones de parques eólicos hasta haber recibido la correspondiente “mordida”. La lista de participantes repite el patrón clásico: altos cargos, otros que lo fueron, constructores e incluso una de las cinco grandes eléctricas,Iberdrola.

La creación del Estado autonómico, además de las ventajas conocidas, también ha reportado algunos problemas crecientes. Al multiplicarse por diecisiete los centros de decisión a todos los niveles, se han producido dos fenómenos simultáneos. De un lado la hiperproducción normativa, con consecuencias  negativas en el mercado interior. Del otro, las mayores dificultades de control interno sobre el vasto universo administrativo, que incluye un elevado número de entes de todas las tipologías legales.

Como ya hemos comentado en MUNDIARIO, cuando se alteran los procedimientos ordinarios sin fundamentos sólidos, debe sospecharse que hay intereses oscuros

En cualquier caso las normas están para cumplirse, primera obligación de los cargos electos que además deben obligar a que las  cumplan ciudadanos y subordinados. Como ya hemos comentado en MUNDIARIO, cuando se alteran los procedimientos ordinarios sin fundamentos sólidos, debe sospecharse que hay intereses oscuros. La reiteración de los hechos sin control, produce impunidad y crea las condiciones apropiadas para prácticas corruptas. No existe más antídoto que el cumplimiento escrupuloso de los procedimientos, la fiscalización previa, la contratación transparente y la publicidad.

Cabe suponer, que de extenderse el celo investigador a otras comunidades y municipios, la lista de escándalos seguirá creciendo. Porque no es la corrupción de unos pocos, sino la negativa  a prevenirla con medidas testadas en otros países, lo que explica la reiteración de escándalos en todas las latitudes del país y con todos los partidos políticos.

En la misma semana ha sido condenado el ex alcalde de Tenerife, de Coalición Canaria, por un escándalo urbanístico y se ha dictado auto de procesamiento por los ERE de Andalucía contra 22 ex -altos cargos entre ellos dos Presidentes socialistas, varios consejeros y una ex –ministra.

Una semana tan pródiga en escándalos no ha deparado ningún planteamiento político para corregir la situación. Sólo han servido como munición para el debate diario de la política. Si a la degradación que la corrupción indica, añadimos su utilización destructiva, es difícil que los ciudadanos perciban algo más que el hastío, que las encuestas vienen reflejando desde hace años.

Quien sea capaz de enarbolar, de forma creíble y sin histrionismos, una alternativa de moralidad pública, tendrá con toda probabilidad un notable respaldo electoral, aunque sólo sea por proponer algo distinto a todos los demás.

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