CASO NÓOS

Urdangarín, condenado a 6 años y medio de cárcel; la infanta, absuelta

La sentencia depura las responsabilidades atribuidas a un total de 17 acusados por el desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos.

Fotografía de archivo de Iñaki Urdangarin, durante el juicio del caso Nóos.
Fotografía de archivo de Iñaki Urdangarin, durante el juicio del caso Nóos.
Urdangarín, condenado a 6 años y medio de cárcel; la infanta, absuelta

La Audiencia Provincial de Palma ha declarado a la Infanta Cristina partícipe a título lucrativo a una multa de más de 265.000 euros como responsable a título lucrativo por el caso Nóos, si bien la ha absuelto como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido en los años 2007 y 2008. Iñaki Urdangarin, por su parte, ha sido condenado a seis años y 3 meses de cárcel y multa de 512.553 euros.

La sentencia dada a conocer este viernes, casi ocho meses desde que el juicio quedó visto para sentencia el pasado 22 de junio, depura las responsabilidades atribuidas a un total de 17 acusados por el desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos.

La Infanta, que ha sido absuelta de los delitos de los que le acusada popular Manos --que ha sido condenada a pagar el total de las costas del juicio oral a Cristina de Borbón y el 50 por ciento de las derivadas de la vista en el caso de la mujer del socio de Urdangarin, Diego Torres-- debe abonar la cantidad de forma solidaria con su marido. Depositó durante la fase de instrucción 587.413 euros en concepto de responsabilidad civil.

Según detalla la resolución, la contratación por parte de la empresa que compartía Urdangarin con su socio Diego Torres se llevó a cabo "prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable". Agrega que el esposo de la Infanta se valió de su "íntima relación de amistad" con personas bien posicionadas institucionalmente.

Tanto Torres como Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que en realidad eran rendimientos de su actividad profesional que tendrían que haber declarara como IRPF. Por ello aplicaron deducciones a las que no tenían derecho.