El sistema de financiación de la Seguridad Social necesita importantes cambios para asegurar una pensión digna a nuestros mayores. El desfase entre los ingresos por cotizaciones sociales y las pensiones contributivas por jubilación alcanza los 18.000 millones de euros
La hucha de las pensiones está prácticamente agotada, apenas le quedan 8.000 millones de euros, de los 66.815 millones que había en 2011. Además, la Seguridad Social ha tenido que pedir dos préstamos al Tesoro Público para poder atender las dos últimas pagas extras de nuestros mayores, por un importe estimado de 25.000 millones de euros. Desde el 2012 los ingresos vía cotizaciones no permiten cubrir el gasto en pensiones contributivas. Y lo peor de todo es que no parece que la situación vaya a mejorar.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Nuestro sistema funcionaba más o menos bien hasta que el gasto en pensiones de nuestros mayores se mantenía vía aportaciones de los que estaban trabajando. Sin embargo, el creciente peso de la población jubilada, fruto de la mejora de nuestra calidad de vida y las peores condiciones laborales que está experimentado nuestro mercado de trabajo, ha dado al traste con el funcionamiento habitual. Resulta curioso que a pesar de haberse aprobado en 2012 la última reforma laboral, el sistema de financiación de las pensiones siga estando en déficit.
Propuestas de corto recorrido
A pesar de que la situación en materia de financiación de pensiones es cuanto menos delicada, lo que se ha hecho hasta el momento es aplicar políticas de contención, actuaciones de parcheo, de corto recorrido. La última ha sido una propuesta en materia de pensiones para buscar apoyos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Hagamos un pequeño ejercicio de regresión. Antes de la fase del debate del proyecto de presupuestos, se indicó que no había posibilidad de mejorar la cuantía percibida por los pensionistas, que la aplicación del IPC no era viable si se quería cumplir el objetivo del déficit y que este indicador no era el seguido por las economías occidentales. Posteriormente se llegó a un acuerdo para aumentar la dotación de las pensiones contributivas más bajas y las de viudedad, pero solo para 2018. Sin embargo, posteriormente, se acordó que todas las pensiones subirían el 3% durante 2018 y 2019. Resumiendo, pasamos de un claro “es imposible” a una actualización generalizada durante dos años. Se trata, como es evidente, de actuaciones de escasa relevancia y de naturaleza coyuntural, que no garantizan solución al verdadero problema, que sigue presente, cual espada de Damocles.
Distintas opciones
Ahora bien ¿Qué hacer para asegurar las pensiones? La solución no es única y se puede graduar en función de la intensidad con la que se quiera actuar y la posibilidad o no de incluir sistemas complementarios, que no alternativos, a la prestación pública.
La primera de las vías sería incrementar el número de cotizantes y sobre todo, del importe cotizado. De poco vale que aumente el número de trabajadores, si el volumen recaudado por cotizaciones sociales no llega para el pago de las pensiones a nuestros mayores. Lo anterior es una realidad desde 2012, por lo que el problema que tenemos ahora ya se venía venir.
Por otra parte, hay que actuar consecuentemente y evitar la excesiva generosidad de las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones en las cuotas a la Seguridad Social. Para que se hagan una idea, salvo para el colectivo de varones de edades centrales, prácticamente hay ayudas para todo tipo de contrataciones o para bonificar la Seguridad Social para el resto de potenciales trabajadores.
Si bien los economistas somos poco amigos de la política del “café para todos”, hay, sin embargo, un mantra generalizado que parece defender esta postura a nivel político. De poco sirve estar subvencionando el empleo a prácticamente a todos los colectivos, puesto que el efecto de creación desaparece cuando finiquita la subvención.
Unido a lo anterior las importantes rebajas de las cuotas a la Seguridad Social a ciertos colectivos deberían ser muy limitadas en el tiempo y garantizar un compromiso de permanencia en el empleo o la actividad. En caso contrario, flaco favor le hacemos al mercado de trabajo, ya que estaremos subvencionando con dinero público medidas muy poco rentables.
En segundo lugar, revertir nuestra tendencia demográfica. Para eso hace falta actuaciones públicas que favorezcan a las familias. Una asignatura pendiente en España desde hace años.
En tercer lugar, se podría derivar el pago de ciertas prestaciones, que actualmente se hacen gracias a las cotizaciones sociales, a la vía impositiva. Esto permitiría un importante desahogo a las cuentas de la Seguridad Social.Sin embargo, su financiación vía impuestos, podría implicar un trasvase de fondos de otras partidas para pagar ese gasto. Actuando de esta forma y salvo que se aumente la presión fiscal, esto implicará recortes.
Las principales candidatas a sufrir los ajustes serán las políticas de educación, sanidad y protección social. Esto no es algo alejado de la realidad, puesto que los Presupuestos Generales del Estado vienen haciendo precisamente recortes desde hace tres años en las dos primeras partidas y cinco años en la última. Por lo tanto, llueve sobre mojado.
Quizás sea necesario mejorar nuestra capacidad tributaria, aumentando la presión fiscal, que es del 34,4% del PIB, más de 13 puntos por debajo de la aplicada en Francia, Dinamarca o Bélgica, aunque esto no parece ser políticamente correcto. El problema es que queremos tener prestaciones sociales como las de los países del Estado de Bienestar y pagar impuestos como las economías más liberales. Créanme, esto no es posible.
También sería necesario evitar que los principales impuestos recaigan, sobre todo, en las rentas medias y sobre el trabajo. En España es necesaria, desde hace muchos años, una reforma fiscal en condiciones.
La cuarta vía sería apostar por la complementariedad de las pensiones públicas. Países nada sospechosos de ser estados liberales, como Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia llevan años incentivando los sistemas complementarios. De la misma forma que uno decide comprarse un coche o irse de vacaciones, no significa que aportando un dinero a instrumentos de ahorro alternativo, se convierta en un detractor del sistema público de pensiones. No hay nada malo en optar por esta vía.
Eso sí, no se puede hacer recaer la obligación únicamente en los trabajadores. En los países en que está más desarrollados estos mecanismos, las empresas están obligadas, junto a los trabajadores, a aportar cierta cantidad. Como es evidente, hace falta pagar más a los trabajadores y que estos vean que la economía está mejorando.
Con las aportaciones voluntarias de los trabajadores no llega. El patrimonio medio en planes y fondos de pensiones es de 9.000 euros por participe, insuficiente para complementar adecuadamente las pensiones públicas. Si de verdad, estamos en fase de expansión, la mejora salarial debería ser un hecho y no una mera declaración de intenciones.
