La cantidad supera los seis mil quinientos millones necesitados en el pasado ejercicio

Pese a que las pensiones están garantizadas, es seguro que en el futuro habremos de conformarnos con una pérdida mucho mayor que la ya aplicada desde la reciente reforma del sistema de pensiones.

La Seguridad Social ha necesitado una ayuda extraordinaria para pagar las pensiones y la paga extra de julio. 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que superan de una atacada los 6.530 millones que le hicieron falta en el pasado ejercicio. Un hecho que pone de relieve la falta de financiación del sistema de pensiones, una cuestión aritmética en la que aumentan los gastos y disminuyen los beneficios. 

La Seguridad Social no ingresa lo suficiente para cubrir los gastos de sus cada vez mayor número de pensionistas, esa parte de la ciudadanía que ha cotizado durante toda su vida laboral y tiene un derecho adquirido a percibir una pensión. 

No ingresa lo suficiente porque pese a que la afiliación a la Seguridad Social crece, es en buena parte debido a un mayor número de contratos parciales, de escasas horas de trabajo y menor remuneración. Un factor que aleja el objetivo de una cotización suficiente que mantenga las arcas de la Tesorería. 

En términos de productividad es lo mismo que decir que tenemos un grave problema de subempleo, porque la productividad de este país está ajustada en base una oferta competitiva vía precios a la baja.  No en un aumento de la inversión, o de su valor añadido.

Pese a que las pensiones están garantizadas, es seguro que en el futuro habremos de conformarnos con una pérdida mucho mayor que la ya aplicada desde la reciente reforma del sistema de pensiones. A través de un Índice de Revalorización  que sustituye al Índice de Precios al Consumo, en una compleja fórmula matemática que tiene en cuenta la evolución de factores ligados entre otros a la situación económica presente y futura y la variación de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, las pensiones crecen menos.    

En la práctica supone que hay más pensionistas, más paro registrado y más gastos de la Seguridad Social. 

Las proyecciones demográficas estiman que el país pasará de los 9 millones actuales de pensionistas a 15 millones en 2050 cuando se incorpore la generación del baby boom.  Por lo que de 19 millones de cotizantes deberemos pasar a alrededor de 27 millones para mantener la actual relación entre salarios y pensiones.

Con un sistema de pensiones deficitario, difícil es pensar como se pagarán las pensiones cuando haya el doble de pensionistas y la mitad de afiliados. 

Si el sistema de pensiones que existe en el Estado es de base territorial estatal y solidario, con una normativa homogénea; características propias: demografía, funcionamiento del mercado de trabajo y productividad determinan el nivel de las pensiones alcanzadas y su calidad de vida. 
Es difícil imaginar desde el pragmatismo económico que Galicia tuviese por ejemplo, un sistemas de pensiones de reparto independiente, muy lejos está aún de poseer una base demográfica que garantice la sostenibilidad de su sistema de pensiones con un mayor número de longevos pensionistas que perciben durante más tiempo su pensión y  una menor natalidad que reduce además el tamaño de las generaciones de cotizantes en el  sistema durante décadas.  

Galicia es la segunda comunidad más envejecida, solo por detrás de Asturias, con 188 mayores de 65 años por cada 100 menores de 16; un índice que supera en 74 puntos a la media nacional, de un 104%;  pero que además cuadriplica los niveles registrados hace cuarenta años, cuando solo había 49 personas mayores por cada cien. Un elevado grado de envejecimiento supone también un menor número de afiliados en un entorno con  un tejido productivo débil: escaso tamaño de su industria  y menor ocupación y  riqueza. No somos precisamente el “valle del silicio”. Tanto investigador a la fuga, fuera, durante años.  Y unas pensiones que no son precisamente, las mejores del Estado, segunda posición en el ranking de las más bajas del país, con un promedio de 761,53 euros frente a la media estatal de 902,31.

Las posibles reparaciones  están sobre el tapete para el debate, a cara más o menos descubierta, a la espera de ese momento inminente como en el viejo cuento de quien le pone el cascabel al gato: o reducción de las pensiones medias sobre cada salario medio  que se compense con planes de pensiones privados, o más recursos para el sistema de pensiones vía incrementos impositivos o reducción del gasto público en otras partidas para dedicarlo a pensiones.

Otras aún más polémicas barajan la devaluación fiscal vía reducción de las cotizaciones sociales a cambio de un aumento de la imposición indirecta por sus efectos sobre el aumento del PIB y del empleo,  o un ajuste de las pensiones más altas o una limitación a que los autónomos coticen por el mínimo en función de sus ingresos.

O reducimos al mínimo el paro y aumenta nuestra población ocupada y sus salarios. 
Hagan juego señores a ¿qué apuestan ustedes?

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