La colaboración entre las administraciones públicas y los sectores privados en España y en Galicia se encuentra en una nueva etapa, fruto de la crisis que ha provocado que las distintas administraciones y organismos públicos asuman un papel más decisivo en el desarrollo económico y empresarial
La colaboración público-privada en España lleva más de una década de presencia y evolución. Hasta fechas recientes el objetivo era compartir con el sector privado las responsabilidades de financiación, o el mantenimiento de gestión de servicios públicos. Así como compartir inversiones de gran cuantía sobre todo en infraestructuras.
Este marco colaborativo ha creado una gran variedad de acuerdos de las partes, que van desde contratos de obra pasando por acuerdos de concesión de servicios públicos, de construcción y gestión de infraestructuras públicas o de suministro de medios. Esta colaboración cristaliza en realidades como pueden ser la vía de alta capacidad de Ourense hasta Lalín o la puesta en marcha de la ampliación del puente de Rante con una inversión de 143 millones de euros por parte de Audasa.
Los motivos de la utilización de las herramientas de la colaboración público-privada son muy variados: reducir costes para conseguir una mayor eficiencia, mejorar en innovación tecnológica, aprovechar los conocimientos y experiencia del sector privado, lograr una mayor flexibilidad en la gestión, la imposibilidad técnica o económica de prestar internamente estos servicios, la necesidad de financiación privada o compartir riesgos con el sector privado.
En la práctica existen dos grandes modelos para este tipo de colaboraciones: una muy utilizada y sencilla de la mano de las externalizaciones, y otra más sofisticada, difícil y relativamente inédita en España, que se denomina los partenariados público-privados: Hasta la fecha, el modelo principal son las externalizaciones de los entes públicos, que son servicios públicos que continúan bajo la titularidad y responsabilidad pública pero prestados por organizaciones privadas con ánimo o sin ánimo de lucro. Como pueden ser las ITV, ciertos servicios sociales como la ayuda a domicilio, deportivos o actuaciones del servicio público de sanidad gallego, como la renovación de los equipos de alta tecnología con una inversión de 200 millones. Así como es muy habitual en el sector del transporte público general o escolar o en el transporte sanitario. Cuyo objetivo es la prestación de servicios de calidad a un precio objetivo. Pero cada vez más existen formas más complejas de externalización como puede ser el modelo aplicado en el recientemente inaugurado hospital de Vigo. El nuevo (NHV) se ha construido bajo la fórmula del modelo PFI, por el que serán empresas las que se encarguen de su construcción, gestión de su infraestructura y de las actividades no sanitarias. Su presupuesto es de 1.432 millones. La sociedad concesionaria, está compuesta por Acciona, Puentes y Calzadas, Altair y Concessia. Este modelo de gestión de hospitales se ha desarrollado en otros siete de la Comunidad de Madrid y en Castilla y León, Baleares y Cataluña. Es un modelo de gestión de origen anglosajón con múltiples ejemplos en el Reino Unido o Italia.
Más recientemente las administraciones públicas han asumido el desarrollo de procesos de colaboración más intensas con el sector privado. Los partenariados público-privados (public-private partnerships): son fórmulas de colaboración en las que dos o más organizaciones públicas y privadas independientes colaboran de forma voluntaria desarrollando conjuntamente productos y/o servicios, compartiendo riesgos, costes y beneficios. Este modelo con gran presencia en el mundo anglosajón, en especial en EEUU y Reino Unido, acaba de aterrizar en el contexto nacional. La complejidad del modelo procede de la exigencia de colaboración activa, compromiso y confianza de las partes. Ya que en este tipo de modelo de gestión las dos partes asumen riesgos de pérdidas económicas no como en los modelos anteriores donde las pérdidas eran asumidas por la parte pública.
MODELO EUROPEO
Esta dinámica de colaboración hace años que se está dando en Europa, pero aún no ha arraigado en nuestro país. Es un modelo complejo en que, además de las obligaciones legales, es necesario generar confianza por ambas partes, ya que sector público y privado deben compartir los posibles riesgos económicos del proyecto. Como ejemplos podemos señalar el caso de la Deputación de Ourense y la alianza con Viaqua (líder del sector) para la gestión del servicio de abastecimiento de agua en ayuntamientos de la provincia. Pero los procesos de más interés lo podemos encontrar en proyectos como la creación en Ourense del centro de nuevas tecnologías vinculado al desarrollo de la e-dministración y enmarcado en el proyecto de “provincia Inteligente” de la Deputación en unión con Vodafone e IBM. Este centro tendría como fin el desarrollo del Sistema de Gestión y Operaciones Municipal de la Provincia de Ourense, además de ser un núcleo integrador de actividades que desarrollen tecnologías de última generación: soluciones basadas en Internet de las Cosas y aplicaciones móviles para los ciudadanos, que reviertan en la transformación digital de Ourense y del resto de Galicia. Otra actuación la encontramos en el proyecto BLUE GROWTH del puerto de Vigo que pretende ser el motor de la creación de 3.000 empleos y movilizar 207 millones de euros, hasta el 2020. Los resultados de la unión pública y privada de forma racional sin duda es un motor de la economía y puede ser un cambio innovador.
