El complicado mercado laboral en España

Y es que gestionar la política laboral de un país como España no es fácil. Spain is different. No hay recetas mágicas que permitan obtener un resultado óptimo, y casi siempre producen efectos colaterales que reducen la bondad de la medida anterior.

Para los economistas, una de las cuestiones que más transcendencia tiene en materia laboral es conseguir el mejor emparejamiento entre la oferta y la demanda de trabajo, o lo que es lo mismo, alcanzar el nivel óptimo de eficiencia entre el volumen de mano de obra sin ocupar y la disponibilidad de empleo por parte de las empresas y empleadores. Este ha sido y será uno de los quebraderos de cabeza de las autoridades laborales.

Para medir esta relación la economía plantea varios indicadores. El más extendido es la relación entre la tasa de vacantes y la tasa de desempleo. Para cierto nivel de desempleo es mucho mejor que la tasa de vacantes sea la menor posible. Hasta aquí todo es evidente. El problema aparece cuando desde las políticas públicas se aplican medidas sin la debida cuantificación de sus efectos. 

Coberturas y tiempos de búsqueda

Desde una perspectiva teórica es esperable que cuando aumenta el salario de reserva del trabajador (aquel que percibe aunque no trabaje), por ejemplo si se produce una mejora de la cobertura por desempleo, bien por su duración o su cuantía, el tiempo de búsqueda aumentará, incrementándose la tasa de desempleo.

Por el contrario, la literatura económica señala que si se reduce la cobertura por desempleo, el tiempo de búsqueda de un nuevo trabajo se reducirá, ya que el “colchón” que supone la prestación por desempleo es ahora menor. Lo anterior nos podría llevar a apostar por reducir la cobertura por desempleo para, de esta forma, incentivar la búsqueda y reducir la tasa de desempleo. 

Nada más lejos. Contar con una cobertura por desempleo es un derecho de los trabajadores y no puede ser cuestionado, ya que es necesario ajustar debidamente la oferta de trabajo con la demanda. Cualquier actuación que ponga en la picota su aplicación debe explicitar los problemas que puede generar una reducción de las prestaciones por desempleo. Distinto es gestionar mejor su aplicación y reconocer que es mejorable.

Protección y ritmo de vacantes

Otra de las medidas que suelen defenderse para conseguir un mejor ajuste entre la tasa de vacantes y la tasa de desempleo es  reducir la protección laboral de los trabajadores, puesto que un excesiva protección laboral puede reducir el ritmo de creación de vacantes y, por el contrario, una menor protección laboral puede aumentarlo. 

De apostar por esta medida, estaríamos defendiendo una menor protección del trabajador. Al igual que antes, nada más lejos. Las últimas reformas laborales han sido a costa de reducir derechos y protección social al trabajador. La nueva economía 4.0 parece incrementar estos problemas. 

Una protección laboral adecuada es algo deseable. Se trata de garantizar la “flexiseguridad” en el trabajo. En España se ha venido apostando por la flexibilidad laboral, pero la seguridad en el empleo no se ha querido aplicar.

Tampoco era crear nada nuevo, en Dinamarca, Alemania o Austria ya lo vienen haciendo y les ha funcionado. En España no hemos querido ir tan lejos, quizás preocupados por reducir el número de parados, no hemos visto como han empeorado las condiciones laborales. El problema es que esto no parece que vaya a cambiar.

Asimetrías y negociación "micro"

En tercer lugar se suele argumentar que para conseguir una mejor relación entre la tasa de vacantes y la de desempleo es preciso modificar el proceso de negociación colectiva, permitiendo una mayor flexibilidad; esto implicaría apostar por un modelo de negociación más descentralizado para ganar ajuste.

Es más, bajo ciertos supuestos, una negociación salarial muy centraliza puede provocar una débil movilidad interregional de los trabajadores desocupados. 

Lo anterior nos llevaría a apostar por negociar las condiciones laborales a nivel “micro”.

El problema es que se trata de una negociación asimétrica, ya que las partes (empleador y trabajador) no siempre tienen el mismo poder de negociación, de ahí que sea necesario establecer ciertas condiciones a nivel nacional y luego, plantear mejoras en un nivel inferior.

Una cuarta actuación sería mejorar la correspondencia entre las necesidades de la empresa y la preparación del trabajador. Es evidente que una escasa relación entre ambas supone un menor ajuste laboral. 

Yendo al nivel máximo de ajuste solo la empresa en la que desarrolla su actividad el trabajador garantizaría la formación más específica. Sin embargo, la excesiva especialización formativa impediría una rápida recolocación en otra entidad o sector, por lo que parte de la formación debe ser generalista, lo que nos es óbice a una posterior especialización en la empresa.

Movilidad y costes económicos

Finalmente se podría pensar en una mayor movilidad geográfica para mejorar el ajuste laboral, ya que el desplazamiento de los recursos humanos fomentará la eficiencia.

Sin embargo, que un trabajador se desplace está muy bien sobre el papel, pero la realidad nos muestra que hay importantes costes económicos y personales en esta decisión, sobre todo si tenemos en cuenta el elevado precio de la vivienda en propiedad y en alquiler en España.

Como se ha podido comprobar, cuando no se articulan bien las medidas y se sopesan correctamente los pros y contras, las actuaciones públicas no funcionan como debieran.

Cualquier medida laboral que intente mejorar la eficiencia económica debe ser meditada, evitando una evaluación parcial. Este análisis cortoplacista, inmediato y excesivamente polarizado en torno a un solo objetivo resulta muy peligroso. 

Es necesario pararse a pensar que actuaciones hay que llevar a cabo y sus implicaciones. Dejemos de tanta improvisación y pensemos adecuadamente como acabar con esta inestabilidad laboral, que parece ser la tónica dominante en nuestro mercado de trabajo. Nos jugamos el modelo productivo de nuestro país.