ÁGORA ECONÓMICA

La cuarta revolución industrial y sus efectos sobre el empleo

El 73% de los trabajadores en España entre 15 y 24 años tiene contrato temporal, siendo la media de la UE28 del 43,8%.

La cuarta revolución industrial y sus efectos sobre el empleo

La última crisis económica y las consecuencias de la reforma laboral de 2012, han dado lugar a un escenario laboral cada vez más cambiante. Cierto es que se está generando empleo, pero se trata de un trabajo con altísimas tasas de rotación, escasas oportunidades laborales y salarios muy reducidos. España con el 26,1% es el segundo país de la UE28, tras Polonia, con mayor temporalidad laboral, duplicando la media comunitaria (14,2%).

Esto afecta, de manera muy especial, a nuestros jóvenes. El 73% de los trabajadores en España entre 15 y 24 años tiene un contrato temporal, la segunda tasa más elevada de la UE28, mientras que la media de la UE28 es del 43,8%. Para este colectivo, la tasa de desempleo en España (42,9%) es la segunda más elevada de la UE28, solo superada por Grecia (44,2%), siendo la media europea del 16,6%. Nuestra tasa de paro agregada es en 2017 del 17,2%, lo que supone alrededor de 3,9 millones de parados, la mitad de ellos sin ningún tipo de cobertura por desempleo. En este ranking solo somos superados por la economía helena, y muy lejos de la tasa de desempleo medio del 8,2% de la UE28.

ANTIGUOS PROBLEMAS Y NUEVOS RIESGOS

A pesar de la mayor flexibilidad de nuestro mercado de trabajo, cuestión obvia a todas luces, se constata todavía un reparto desigual de la oferta de empleo a nivel regional; un modelo productivo excesivamente especializado en actividades que generan poco valor añadido, sobre todo en el subsector turístico; muy contadas inversiones en innovación; un sector industrial todavía poco desarrollado; un peso relativo importante del sector primario y una fuerte dependencia del subsector de la construcción. En resumen, seguimos padeciendo los mismos males que antes de la crisis y, lo peor, que no se han acometido las reformas necesarias para solucionar estos problemas. Esto genera graves problemas de financiación, tanto a la Seguridad Social como vía impositiva.

Además, hay que tener en cuenta que el gasto en pensiones es ahora mayor que en 2007, con un crecimiento en el último año del 6% (el doble que el aumento del PIB). Esto ha provocado que en 2016 la diferencia entre lo estimado por cotizaciones sociales y lo finamente recaudado haya sido de 16.000 millones de euros, lo que ha supuesto un déficit de casi 18.800 millones de euros en las cuentas de la Seguridad Social (1,7% del PIB). 

No hay que hacer un ejercicio de regresión muy lejano para recordar que antes de la crisis teníamos superávit en la cuentas de la Seguridad Social, lo que permitió incrementar la “hucha de las pensiones”. Tras haber retirado el Gobierno el 80% de los fondos, en junio se ha visto obligado a pedir un crédito al Tesoro Público por 10.192 millones de euros. A esta cantidad hay que añadir una nueva retirada de 3.514 millones de euros para satisfacer la paga extra. En estos momentos, la dotación disponible de la “hucha de las pensiones” es de 11.602 millones de euros, lo que permitiría pagar tan solo la paga extra de diciembre de 2017. 

Tras la última crisis económica ha aumentado el riesgo de exclusión social de los trabajadores; se comprueba una mayor precarización del empleo, que han generado “trabajadores pobres”, desplazando de ese papel a los antiguos mileuristas y una importante pérdida de capital humano, derivada de la sangría de la emigración. El panorama no es tan positivo como algunos se esfuerzan en transmitir.

IMPACTO DE LAS TIC

A esta situación macroeconómica hay que añadir la aparición y posterior expansión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en materia laboral, que tiene importantes repercusiones en las relaciones de trabajo. La entrada de las TICs ha generado una mayor inestabilidad laboral en ciertas actividades y servicios, algunos curiosamente con importantes “barreras a la entrada”, y que parecían actividades “blindadas” laboralmente, como el taxi, que ha tenido que enfrentarse a la nueva oferta por parte de empresas de alquiler de vehículos con conductor. No es este el único caso, otros son la entrega de comida a domicilio, intermediación financiera, alquiler de habitaciones y pisos vacacionales o asistencia y reparaciones en el hogar. La lista suma y sigue. 

La forma de operar es muy sencilla. Un empresario “virtual” a través de una plataforma telemática, llega a un acuerdo con una persona para que ésta preste el citado servicio. Todo esto se realiza a través de una relación mercantil, actuando ese empresario como un mero intermediario entre el cliente y el prestador. Por lo tanto, si existe carga de trabajo y si el prestador del servicio está disponible, se recibe una compensación por esta actividad. Si no hay disponibilidad para prestar el servicio o no hay demanda, no hay remuneración. En este nuevo escenario de relaciones laborales, quien presta el servicio debe asumir las cotizaciones sociales y/o el mantenimiento de sus herramientas de trabajo; esto significa una importante asimetría en el reparto de las responsabilidades y obligaciones laborales. No hay compensación por despido, ni baja por enfermedad o accidente laboral, ni vacaciones retribuidas. 

Este tipo de relación puede llegar a ser aceptable cuando los que prestan el servicio lo hacen como actividad económica secundaria o si quieren ganarse un dinero extra mientras están estudiando. Sin embargo, no se trata de un “empleo ideal”, ya que es un trabajo en peores condiciones que un puesto de trabajo “tradicional”. Por lo tanto, una expansión incontrolada de este tipo de situaciones, puede aumentar la ya de por sí elevada precariedad laboral que tenemos en España. Algo habrá que hacer.

EXPANSIÓN DE LA ROBOTIZACIÓN

Una segunda cuestión es la creciente robotización de una parte de nuestra economía. No hay que visionar ninguna película futurista para darse cuenta de lo anterior. Muchas de las tareas que antes realizaban las personas, ahora las pueden hacer unas máquinas que, por cierto,  nunca se ponen enfermas y carecen de derechos sociales y vacaciones. Lo anterior ha llevado a algunos a plantearse si los robots (más bien sus dueños) deben soportar un impuesto para compensar ese trabajo que ahora ya no precisa de personas. Con estos recursos, según los defensores de este planteamiento, se podría sufragar una parte del coste de las pensiones. Sin embargo, la realidad no parece ir en este sentido. Así, el informe aprobado en febrero de 2017 por la Eurocámara para que la Comisión Europea elabore propuestas legislativas ante la robotización de la economía no contempla esta posibilidad. Es más, esa potencial compensación, de difícil justificación jurídica, tampoco sería suficiente para mitigar los efectos del envejecimiento sobre el sistema de pensiones. 

Ahora bien ¿Cuál será la incidencia de la robotización? Para el caso español, un informe de Caixabank de 2015 estima que alrededor del 29% de los empleos tiene un perfil bajo de ser automatizados; el 28% tiene una probabilidad media  y el 43% restante presenta una alta probabilidad. Un segundo informe, en este caso publicado por la OCDE señala que el 12% de los puestos de trabajo en España están en alto riesgo de desaparición por la robotización de la economía. Por lo tanto, el riesgo está ahí.

Pero no todo es negativo por el proceso de robotización. Además, del efectos “sustitución” hay que considerar el efecto “complementariedad”, ya que la incorporación de los robots permitiría una mejora de la productividad, con el consiguiente efecto de creación de nuevos empleos en otras actividades. Además, si aumentase la productividad del trabajador, también lo haría su salario. Finalmente, con la robotización se conseguiría más bienes y servicios con los mismos recursos, lo que implicaría un aumento del PIB y la riqueza, con el consiguiente aumento del bienestar. 

NUEVOS SERVICIOS VIRTUALES

La creciente virtualización de la economía y la ampliación de nuevos servicios por parte de algunas empresas es otro de los elementos de cambio. Este sería el caso de la banca y las compañías de seguros, que poco a poco se expanden hacia otras actividades. Todas las entidades financieras están derivando el mayor número de operaciones y clientes a la vía digital, llegando a crear productos específicos o ventajas adicionales. Por ejemplo, una reducción o eliminación de las comisiones bancarias a quienes solo se relacionen de forma virtual. La extensión del uso de los smartphones y tablets es fundamental en este cambio. Alrededor del 30% de las operaciones bancarias ya se realizan a través de esta vía, ocupando España la quinta posición en relación al número de usuarios de banca móvil en la UE28. 

En resumen, se comprueban cambios de calado que es necesario tener muy en cuenta en estos inicios de la Cuarta Revolución Industrial, a lo que hay que añadir las asignaturas pendientes de nuestro mercado laboral ¿Esta nuestro país preparado o vamos a dejarnos llevar por la corriente? Lo que hagamos o no hagamos ahora, condicionará nuestro futuro en materia laboral.