Elementos clave de los Presupuestos Generales del Estado para 2018

En esta ocasión el Gobierno ha enviado a la Cámara Baja su documento seis meses después de lo habitual, lo que ha obligado a iniciar el ejercicio presupuestario 2018 con unos presupuestos prorrogados, con todo lo que esto supone de limitaciones en la gestión pública. 

Una de las características más importantes de cualquier presupuesto es la adaptación a las circunstancias económicas y esto no se consigue con un presupuesto prorrogado. Lo peor es que desde hace algunos ejercicios nos estamos acostumbrando a ello, y esto es un serio problema para el buen funcionamiento de las instituciones públicas.  

Además, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado es preciso debatirlo en comisiones y posteriormente en el Pleno de Parlamento, una vez salvadas las diferentes enmiendas parciales y a la totalidad. 

Aún contando con que el camino de los nuevos presupuestos quede despejado a raíz del acuerdo de última hora, no contaremos con nuevos presupuestos hasta finales de junio o primeros de julio. Esto es, habrán transcurrido seis meses sin presupuesto actualizado, teniendo que acudir el Ejecutivo a la aprobación de múltiples Decretos-Leyes para poder gobernar. Desde luego esto no es ni bueno ni deseable.  

Es más, desde la óptica de la ejecución presupuestaria esto genera un grave problema, ya que habrá que gastar en seis meses unos fondos previstos para un año completo. El funcionamiento presupuestario se va a ver claramente condicionado por esta situación.

Complicado puzzle

Ahora bien ¿Qué características especiales tiene el actual Proyecto de Presupuestos Generales que lo hacen un tanto “especial”? Algunos analistas fiscales lo han llegado a definir como un complicado puzle, donde se ha tenido que encajar, de la mejor forma posible, las numerosas demandas que venía haciendo la ciudadanía. 

Esta compleja articulación de medidas, concentradas en cinco colectivos, se puede entender como una serie de guiños electorales. No podemos perder de vista que 2019 será un año donde se celebrarán elecciones autonómicas y municipales y que la política tiene mucho que ver con la economía (y a la inversa). Lo anterior no es malo, pero es necesario señalarlo.

El primero de los colectivos beneficiados por los presupuestos va a ser el de los pensionistas. Desde hace algunas semanas nuestros mayores vienen haciendo continuas manifestaciones, quejándose de la falta de revalorización de sus pensiones en función del coste de la vida, ya que el exiguo incremento del 0,25%, resulta a todas luces insuficientes.  

Aunque al principio el Ejecutivo indicó que no estaba dispuesto a subir más las pensiones que un 0,25%, en un giro de timón se decidió a última hora un aumento del 3% en las pensiones mínimas, lo mismo que las no contributivas; un 1,5% si la pensión es de 700 euros o menos y del 1% si la pensión se sitúa entre los 700 y 860 euros y también se recoge un aumento de las pensiones de viudedad.  Resulta cuando menos curioso este cambio tan radical de postura, que permitirá cierta mejora a unos 2,5 millones de pensionistas, pero ojo, solo será temporal, ya que esta subida será para 2018 y nada parece indicar que se mantenga más allá de este ejercicio. Una compensación pequeña y coyuntural, por lo que nuestros mayores no tienen que lanzar las campanas al vuelo.

El segundo de los grupos más beneficiados por el documento presupuestario son los empleados públicos que, entre congelaciones, eliminación de pagas extras y demás, han visto recortados sus salarios en los últimos siete años más de un 15%. Para 2018 se prevé un aumento del 1,75% de los salarios de los funcionarios, condicionando a la buena marcha de la economía futuras mejoras salariales. Veremos sí esto finalmente se cumple, pero aún con todo, esto solo permitirá recuperar un exiguo 12% de lo que se ha perdido. De nuevo una medida coyuntural e insuficiente.

Siguiendo con la lista de los beneficiados aparecen los jóvenes, puesto que aumenta la dotación en becas y ayudas al estudio y en políticas de fomento de empleo para los trabajadores de menos edad. Aún con todo, será necesario invertir mucho más que las dotaciones inicialmente comprometidas para que realmente estas actuaciones obtengan resultados adecuados.

También se ha hecho un guiño a los futuros empleados públicos, aumentando la oferta de empleo público, un globo de oxígeno para la mejora de los servicios públicos, tras haber sufrido durante muchos años una congelación de puestos de trabajo, consecuencia de la baja tasa de reposición (10%) por las bajas por jubilación de los empleados públicos.

Finalmente, yo destacaría dos grandes beneficiarios más. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado contiene una rebaja en el IRPF, que debería beneficiar a 3,5 millones de contribuyentes, aquellos que ganan entre 12.000 y 18.000 euros al año y las CCAA y ayuntamientos que van a poder percibir un 4% más que en 2017.

Para poder encajar estos números el Ejecutivo ha realizado unas previsiones de ingresos públicos muy optimistas, con aumentos estimados en la recaudación del 6,5% en el IRPF (incluso a pesar de la anunciada rebaja de impuestos), 4,8% en el Impuesto de Sociedades y del 5,6% en el IVA. Y todo esto teniendo que asegurar un 2,2% del déficit público respecto al PIB. Habrá que ver si finalmente todo lo anterior encaja con el presupuesto de gasto.

Además, hay que tener en cuenta que, desgraciadamente, no siempre se cumple el presupuesto inicial de gasto. Hay excesivas diferencias entre los presupuestos iniciales (los finalmente aprobados) y los liquidados (aquellos que son ejecutados). Sin embargo, muy pocas veces se presta atención a los segundos. Y es que la memoria, también la que hace referencia a los presupuestos, es muy frágil. Por lo tanto, sería necesario prestar mucha más atención a los presupuestos liquidados, que son los que realmente importan.