CON PRIMA DE RIESGO

El estado del bienestar y su equilibrio social está en peligro en el nuevo contexto económico

España gasta menos en cobertura social ahora que antes de la crisis financiera

El estado del bienestar y su equilibrio social está en peligro en el nuevo contexto económico

Vivir en Europa y compartir el proyecto europeo incluye vivir en la llamada Europa del bienestar. Una apuesta histórica que establece que el estado es un garante de la situación social de sus ciudadanos. La premisa es que el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país. 

Estos servicios incluyen la oferta de sanidad y atención médica, el acceso a la educación pública en todas sus vertientes, el derecho a la justicia o la protección de los más débiles en forma de cobertura social, son algunas de las cuestiones que se asocian con el derecho al estado del bienestar. 

La noción de «Estado benefactor» tiene su origen en el año 1946, aunque algunos ya hablan de etapas previas antes de la primera guerra mundial o incluso antes. 

El origen moderno procede de las consecuencias de la experiencia traumática de la crisis generalizada producto de la Gran Depresión, que, generalmente, se considera que culminó en la Segunda Guerra Mundial y que trajo el desempleo y la miseria a millones de ciudadanos.

Este contexto provocó cambios radicales en las relaciones entre ciudadanos y su estado. “Durante la Gran Depresión, el estado de bienestar fue visto como un “camino intermedio” entre los extremos del comunismo de la izquierda y el laissez-faire del capitalismo de la derecha”.

La noción actual del estado del bienestar tiene su origen en una apreciación del que de aquella, en 1945, era el Arzobispo de Canterbury, D. William Temple. Frase creada sobre la contraposición de las políticas keynesianas de posguerra al Warfare State (‘Estado de guerra’) de la Alemania Nazi.

En general el concepto se asocia con la idea de que el Estado del bienestar, asume el papel de ser responsable de asumir la responsabilidad del bienestar social y económico de sus miembros.


LA CRISIS PONE A PRUEBA


Con la llegada de la crisis y la dificultad del estado para financiar sus políticas de bienestar, este se ha puesto en tela de juicio y una vez más ha sido motivo de debate internacional y a nivel del continente europeo. 

El castigo a las arcas con falta de recaudación y de pérdida de capacidad de nuevos ingresos se traduce en la incapacidad del estado de afrontar el gasto público necesario y de desarrollar nuevos servicios que día a día la evolución social necesita.

El estado y sus gobernantes se encuentran en un contexto nuevo, donde de un lado menos ingresos, y de otro lado grandes retos sociales, fruto de la globalización que genera procesos migratorios intensivos y a la vez la internacionalización de grandes empresas que aprovechan este estatus para “huir” del pago fiscal correspondiente provocan la obligación de gestionar “estados de bienestar” con menos recursos.

Haciendo una revisión histórica el gasto social de España siempre ha sido inferior a la media de Europa. Ya desde la época franquista, el gasto era menor a pesar de la propaganda del régimen en defender sus decisiones en materia social, seguridad social, apoyos a huérfanos y viudas, entre otros.

Con la llegada de la democracia el gasto social se incrementó, recuerden obras de nuevos colegios y de nuevos centros de salud a gran escala  entre otras medidas. 

En el periodo actual, y por los efectos de la crisis los recursos escasean.  Según los últimos datos disponibles de la OCDE, en el año 2012 el nivel de gasto social en España es el inferior a la media de Europa si descontamos el gasto en desempleo. Sumando este gasto la media de España alcanza el valor de los países de la Unión Europea de los 15 (UE-15). 

Es de las pocas veces que España alcanza el gasto medio de Europa. En los ochenta el gasto social alcanzó el 85% de la media europea. Sin embargo, a partir de entonces se produjo una nueva desaceleración que se explica por la prioridad que desde mitad de los años 80 se concedió a la reducción del déficit público y el control de la inflación. 

La crisis impactó de manera “asimétrica” al conjunto de la sociedad española, de tal forma que se incrementó la desigualdad en salarios, rentas, oportunidades y también desde un punto de vista territorial.

De aquella crisis todavía quedan lagunas económicas de primer nivel, como el paro juvenil, 35%,  el paro de larga duración o la diferencia  de desempleo de genero. 

Ademas debemos afrontar un nuevo fenómeno: el trabajador pobre, es decir que trabajando no sales de la pobreza. 

En definitiva debemos preguntarnos como un país como España cuarta potencia económica de Europa, no es capaz de atender demandas sociales de primer nivel y nos encontramos con costes sociales que no están siendo atendidas como las ayudas a la dependencia o ayudas a personas mayores dependientes.