Su peso ya se encuentra cerca del 44 % del PIB y lejos del 50 % habitual
España es un país donde el peso del Estado siempre ha estado en niveles cercanos al 50% del total del PIB. Ya desde la época de Franco, con sus inauguraciones de pantanos y su puesta en marcha de la Seguridad Social, le daba peso a la intervención del Estado. Esa estructura sigue siendo protagonista a pesar de las fuertes reconversiones del sector público de la década de los ochenta, donde la industria y la minería fueron modificadas.
Pero todo cambia y con la llegada de la crisis el sector público sufrió un nuevo cambio mandado por el contexto. Con la crisis el Estado ha cambiado su peso, pasando de ser inversor a ser “sostenedor”, es decir, que se ha reducido la inversión pública pero se ha incrementado el gasto social, véanse pensiones y otros gastos sociales como el paro.
Debemos recordar que estamos ante un Estado y un continente donde sus ciudadanos exigen a sus gobiernos un mayor nivel de protección y cobertura. Es el famoso Estado del Bienestar.
Si me permiten el inciso, estoy encantado de que a pesar de la dura crisis, a pesar de perder entre un 12-10% del PIB, de subir el paro hasta un 27% el Estado del Bienestar resiste, sosteniendo Educación, Sanidad y demás prestaciones públicas.
Pero, claro, pedir que el Estado preste más servicios implica que debe recaudar más. Los gobiernos de la Unión Europea (UE) asumen más servicios a los ciudadanos, que por ejemplo Estados Unidos, Japón o Suiza, pero implica más recaudación. En Europa la media es un 44,9% de recaudación de ingresos frente a los demás enunciados donde el ingreso no supera el 40%. La excepción es Irlanda, que no recauda más de un 30%. Pero no se quejen porque si fueran noruegos pagarían el 50% de sus ingresos en impuestos.
Pero la crisis pasa factura y el peso del sector público español está lejos de la media de sus pares, los países europeos, como del caso de Alemania, Holanda, o de nuestro vecino Portugal. Y todavía más lejos del caso de los estados nórdicos, o de Francia o Bélgica, países que superan la media de la UE.
Pero sin duda, el Estado va perdiendo su espacio, ya no solo con la crisis sino desde la época de los 80 con los gobiernos de Tatcher y de Reagan, que empezaron a desmontar el peso del Estado en las economías mundiales. Este “desmontaje” incluye la retirada de sectores claves como la energía, el agua, las infraestructuras o las telecomunicaciones, pero también de servicios educativos o sanitarios.
La crisis como cambio
La crisis ha provocado un efecto trasvase, como indicábamos, con más cobertura social y menos peso inversor. Además, debemos sumar una clara realidad: la población española envejece y con ella aumentan las exigencias en Seguridad Social, Sanidad y cobertura de la Ley de Dependencia.
Y la sociedad debe afrontar un segundo problema: el paro estructural, que incrementa los costes de la cobertura social. Y a esto debemos sumar las distintas operaciones rescate que ha tenido que afrontar el erario público: banca, unos 56.000 millones de euros; las autovías, unos 5.000 millones de euros o empresas del sector público, como la minería o la tele de todos, con pérdidas de unos 1.000 millones de euros. Un ejemplo es Dinamarca, que ya ha cobrado todas sus ayudas a la banca.
¿El peso del Estado es bueno o malo? Bueno, como siempre en economía, depende de cómo se mire. Los americanos con menos Estado tienen una enorme deuda pública. Noruega, con gran intervención, es un país con superávit y con su propio fondo de inversiones a nivel mundial que se alimenta de las riquezas del suelo noruego, el petróleo.
Todos estaremos de acuerdo que el Estado está para solventar los problemas de los ciudadanos y que debe actuar en las situaciones de crisis territorial o poblacional, pero a la vez debemos ser correspondientes y aceptar que no puede llegar a todo. Lo digo por “el que hay de lo mío”, “son mis derechos”, “por qué el sí y yo no”, “por qué no hay subvenciones para mí”, “si no tengo ayuda no lo hago”. Esta filosofía no se puede sostener en un país donde existen cálculos que hasta un 30% de la economía se realiza de forma subterránea; es decir, en economía negra, o dicho de otra forma: sin pagar las obligaciones fiscales y legales.
Como diría mi abuela, no se puede ir de procesión y repicar la campana. Dicho de otra forma: tenemos, como ciudadanos, derechos y obligaciones, y las subvenciones y deducciones son derechos reconocidos para una parte de las actuaciones, pero no se puede reproducir el café para todos porque el Estado no puede ser un sustituto de los bancos ni un socio para todos los negocios del país.
Zapatero a tus zapatos y el Estado debe actuar como compensador de rentas pero no como compensador de beneficios económicos o empresariales.
