PERSPECTIVAS

El laberinto del sistema de pensiones más allá del debate

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Uno de los temas centrales de esta semana ha sido el debate sobre el futuro de las pensiones tras las manifestaciones de personas jubiladas, en principio de modo más o menos espontáneo frente al Congreso, para ir adquiriendo en los últimos días un carácter más general a nivel nacional y también un cariz político

Era cuestión de tiempo que surgiese la demanda social de abordar el tema, a pesar de ser uno de los apartados de gasto que gozaba de cierta estabilidad tras los recortes en distintas partidas presupuestarias a lo largo del prolongado periodo de crisis económica. 


Cuestión de expectativas


Las contradicciones del modelo económico amenazan el futuro de las pensiones públicas como factor clave de la cohesión social. Por una parte se ha producido una precarización laboral y pérdida de capacidad adquisitiva de las clases medias y, sobre todo, de los nuevos empleados, y por otra, se ha intentado mantener un volumen creciente de pensiones motivado por el envejecimiento de la población y de mayores derechos retributivos de los jubilados en la última década, quienes en un alto porcentaje han disfrutado al completo de la gran etapa de expansión e incremento de la riqueza en España en las últimas décadas y ahora se retiran con mejores pagas medias frente a los que ahora tienen más de 75años, muchos de los cuales sobreviven con ingresos claramente por debajo de los mil euros mensuales, siendo un colectivo muy vulnerable ante una posible pérdida de poder adquisitivo.

Hay que tener en cuenta que el monto destinado a las pensiones no deja de crecer. Si tomamos los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el coste total mensual se acerca ya a los 9.000 millones de euros, una cifra superior en más de un 50%  a la que se pagaba hace tan solo diez años. Aún con eso, la cuantía de la pensión media en 2017 apenas rebasaba los 1.100 euros brutos, en concreto 1.170 euros distribuidos en 14 pagas. Si bien también hay que apuntar que la disparidad de los ingresos entre los pensionistas se ha incrementado.

De seguir esta tendencia parece irremediable revisar de nuevo los acuerdos incluidos en el Pacto de Toledo, reevaluar las prioridades de gasto o, de momento, como ha sucedido este año, acudir a los mercados para captar financiación.

Y todo ello a pesar de que el actual sistema público de pensiones está sujeto al plan de reformas efectuadas a principios de esta década, el cual aplicó un aumento del horizonte de la edad de acceso a la jubilación hasta los 67 años, incrementó también el período de cálculo de la pensión (hasta alcanzar progresivamente como referencia los últimos 25 años) y también introdujo cambios en la forma de revalorización de las pensiones con la incorporación del llamado factor de sostenibilidad del cual se desprende el mencionado 0,25% de incremento para este año y que ha sido referencia del descontento. Sin embargo, no solo está en juego el efecto inmediato sobre el poder adquisitivo de las pensiones, sino también las expectativas de futuro tanto de las actuales como de las próximas generaciones de jubilados.  

El incremento del periodo de cálculo  de la cotización provocará una rebaja progresiva de las pensiones con respecto a lo que se cobraría ahora, dado que los mayores sueldos se acumulan, de forma general, en las últimas etapas de la carrera profesional.  

Por otra parte, el modelo empleado para el cálculo de revalorización de las pensiones se desvincula del IPC. El Factor de Revalorización Anual o también conocido por las siglas FRA relaciona la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas, tal que las pensiones subirán solo un 0,25% cada año si el sistema está en déficit, independientemente de lo que haga el IPC. Por el contrario, si el sistema está en superávit, las pensiones públicas podrán subir el IPC más el 0,25%, con el fin de recuperar parte del poder adquisitivo perdido. A partir del próximo año se incorporará el Factor de Equidad Intergeneracional o también conocido por sus siglas FEI el cual añadirá la esperanza de vida al cálculo en el momento de cobrar la primera pensión, revisándose cada cinco años.

Con estas premisas, la mayoría de las previsiones dibujan un descenso de las pensiones en términos reales para la próxima década, salvo que las tasas de crecimiento económico superen las expectativas.    


Modelo productivo


Los pensionistas se habían convertido en el transcurso de la crisis en la nueva clase media mientras que muchos asalariados y pequeños autónomos perdían siquiera la condición de mileurista, y esa pauta antinatura de la estructura de rentas no parece sostenible ni tiene visos de revertirse si no se producen incrementos de los niveles salariales con empleos de mejor calidad. Baste señalar que un tercio de los pensionistas cobra más que el salario más frecuente en España.

Es evidente que la revalorización prevista del 0,25% que marca el actual índice para el cálculo de incremento de las pensiones supone una pérdida de poder adquisitivo, dada la inflación de precios, sobre todo en algunos productos básicos, pero quizás el exceso de optimismo de los mensajes del Gobierno en este sentido, sobrevolando la realidad, hayan sido el detonante de la irritación y hayan propiciado de forma contraproducente una carga emocional negativa que ahora es aprovechada por la  oposición para jugar una baza a su favor en el debate de las pensiones actuales y futuras, apostando en muchos casos por promesas muy difíciles de sostener si no se centra primero el problema en el sistema productivo español y en las posibilidades de una reorientación a actividades de mayor valor añadido, al tiempo que se fomenta un mercado laboral más equilibrado con mayores tasas de estabilidad y calidad del empleo. 

En todo caso, la crispación va en aumento y a los gritos de los manifestantes fuera del Congreso  se han unido las intervenciones subidas de tono entre los políticos participantes en la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo que tuvo lugar el pasado jueves y que retomará la próxima semana la discusión sobre la subida de las pensiones. 

No cabe duda que es un tema fundamental en clave política a corto plazo, pero lo es más en clave económica a medio plazo si lo unimos a la necesidad de analizar estratégicamente como favorecer un modelo económico generador de mayor riqueza y más sostenibilidad de futuro en muchos aspectos, también en pensiones.

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