ÁGORA ECONÓMICA

La necesaria reforma del fondo de compensación interterritorial

La Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE) gestionada por el Grupo de Investigación GEN de la Universidad de Vigo, acaba de publicar el informe La política regional en España: análisis y propuestas de reforma, que analiza la política regional en nuestro país, especialmente el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)

La necesaria reforma del fondo de compensación interterritorial

El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) se creó como un instrumento de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) destinado a sufragar gastos de inversión, para reducir los desequilibrios económicos interterritoriales y, paralelamente, potenciar el principio de solidaridad. Sin embargo, el FCI ha experimentado importantes cambios, los cuales han condicionado su viabilidad.  Se pueden citar muchos ejemplos, pero sin duda el más destacable son los fondos europeos y, sobre todo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La coincidencia de objetivos ha generado muchas tensiones por la excesiva vinculación del FCI con este tipo de recursos, que son los que vienen aportando la mayor parte de los recursos para las políticas de solidaridad interterritorial en España. 

MENOR CAPACIDAD INVERSORA
Este comportamiento ha provocado un paulatino descenso de la dotación de FCI, que pasó de los 1.353 millones de euros en 2009 a los 432 millones en 2016, lo que en términos del Producto Interior Bruto supuso una caída desde el 0,13% al 0,04%, durante el período reseñado. El descenso de la dotación del FCI en relación a la inversión de sector público estatal en las CCAA beneficiarías también registró un importante descenso, al pasar del 8,2% en 2009 al 5,6% en 2016. Siguiendo con las comparaciones, la dotación del FCI pasó del 1,9% en 2010 al 0,7% en 2014 en relación al monto destinado a la financiación autonómica. 

Además de esta escasa capacidad inversora estatal por parte del FCI en los últimos años, es preciso recordar que la cuantía que recibe actualmente España por los fondos europeos es menos de la mitad que entre 2002 y 2006. Esto se debe a la mejora relativa de la renta de España y a la incorporación de nuevos países en el reparto de los fondos europeos con una renta inferior a la media nacional. Según señala el informe de RIFDE, la dotación global de fondos estructurales y de inversión europea que recibe España pasó de los 54.372 millones de euros entre 2000 y 2006 a los 21.761 millones para el período 2014-2020. Y esto no fue a menos, gracias a que algunas CCAA, como es el caso de Galicia todavía tienen un diferencial negativo en términos de renta en relación a la media comunitaria.

UNA NECESARIA REVISIÓN

Unido a lo anterior, el diseño actual del FCI es muy sensible ante pequeñas variaciones en los valores de los indicadores utilizados. Resulta cuanto menos curioso que durante estos últimos años no se haya planteado mejorar el funcionamiento del FCI para evitar estos saltos en el reparto de las cantidades, que a veces presenta importantes variaciones. Esto provoca una dinámica muy variable en el reparto anual, lo que no ayuda a la consolidación del FCI como instrumento para reducir las desigualdades en materia de inversiones a nivel regional.

Tal como señala RIFDE, existe una batería de motivos que justifican la necesidad de abordar una modificación en profundidad de FCI, para que recupere su primigenio papel, en especial las siguientes.
Primero, dada la relevancia de los instrumentos de desarrollo regional es necesario un mayor rigor en su diseño, distribución y coordinación entre todas las administraciones implicadas. 

Segundo, es imprescindible que los instrumentos nacionales de política regional complementen las actuaciones europeas de carácter plurianual. Solo actuando de esta forma, se evitarán potenciales contraprogramaciones en la localización autonómica del esfuerzo inversor. 

Tercero, hay que evitar el solapamiento entre los fondos de desarrollo regional. No tiene ningún sentido crear fondos nacionales y estructuras de financiación con el mismo objetivo. 

Cuarto, es imprescindible que el FCI recupere su importancia como instrumento inversor regional. Esto pasa, necesariamente, por una mayor dotación económica. La cantidad actualmente establecida resulta muy escasa y poco ayuda a equilibrar las diferencias regionales. 
Quinto, no parece lógico que la evolución del FCI dependa de un indicador tan volátil como un porcentaje de la inversión real civil nueva anual contenida en los Presupuestos Generales del Estado. La crisis económica trajo consigo la reducción de esta partida y con ella, la escasa dotación del FCI. Desde RIFDE se señala que la dinámica del FCI debería vincularse al crecimiento del PIB. 
Sexto, es necesaria la inclusión del indicador de renta por habitante, como criterio diferencial para la percepción del FCI, siguiendo de nuevo el ejemplo del FEDER. 

En resumen, muchas razones que señalan la necesidad de introducir cambios en el funcionamiento del FCI. Argumentos que desde RIFDE invitan a la reflexión de nuestros gestores públicos para que inicien el proceso de mejora de este fondo de desarrollo interregional, tan poco “mimado” durante los últimos años, pero a la vez tan necesario para reducir las desigualdades interregionales.