Cuando escucho que en España tenemos una presión fiscal excesivamente elevada, me veo en la obligación de recomendaruna revisión de los datos de Eurostat o de la OCDE. Nuestro país no es un ejemplo de “Estado devorador” de renta para los ciudadanos. Nuestro sistema fiscal no tiene como “objetivo oculto” quitar una parte sustanciosa de renta a los ciudadanos
A los datos me remito. Uno de los indicadores más utilizados para medir lo que las diferentes administraciones tributarias recaudan es la presión fiscal, entendida como el cociente entre el sumatorio de la recaudación de los impuestos directos e indirectos y las cotizaciones sociales entre el Producto Interior Bruto. Aceptando la bondad de este indicador, en 2017, la presión fiscal en España fue del 33,9%, muy lejos del 40,2% de Alemania, 47,4% de Francia y a años luz de Dinamarca (46,9%), Finlandia (44,4%) o Suecia (44,3%). La contraparte se da en países como EEUU (26%) o Australia (27,5%). Ahora bien, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, los españoles tenemos la percepción de que pagamos muchos impuestos, llegando algunos a manifestar que “se paga por todo”. Sin embargo, el indicador de presión fiscal va en sentido contrario.
¿Qué está ocurriendo? Lo que sucede es que bajar impuestos, pagar menos es algo siempre bien acogido por la ciudadanía. Hay Estados e incluso Comunidades Autónomas que se han subido al tren de las rebajas fiscales, siguiendo la máxima de “cuanto menos (se pague), mejor”. El problema es que a menores ingresos, menores prestaciones sociales, en especial menos se podrán dedicar a sanidad, educación, pensiones, cobertura por desempleo o servicios sociales. La corriente más liberal de la economía se olvida de esta segunda parte de la ecuación.
"NADIE DA DUROS A CUATRO PESETAS"
Desde primero de carrera mis profesores de economía pública de la Universidad de Vigo me inculcaron que, por lo general, los países con mayor presión fiscal presentan un grado de desarrollo mayor y posibilitan, en mayor medida, la igualdad de oportunidades. Evidentemente, siempre hay excepciones.
Lo que ocurre es que los humanos queremos pagar poco y recibir mucho. En economía, los milagros no existen y como dice el sabio refranero español “Nadie da duros a cuatro pesetas”. Seguro que los que ya van cumpliendo años compartirán conmigo esta afirmación.
Ahora bien, la percepción señalada de que se paga mucho en España posiblemente sea porque se grava excesivamente cierto tipo de rentas. El sistema fiscal español grava, en gran medida, a las rentas del trabajo y a los contribuyentes con rentas medias. Esto afecta a una parte importante de la población que es la que se queja de este exceso de imposición.
La solución pasaría por algo tan sencillo, pero al mismo tiempo, tan complicado, como reordenar la carga fiscal, pero claro esto sería contemplando aumentos de recaudación de las rentas más elevadas, ya que en el IRPF hay margen suficiente para ello. A lo anterior habría que añadir que aquellos que defienden una bajada de impuestos, en especial en el IRPF, suelen hacerlo para todos, cuando se debería aplicar rebajas selectivas, hacia colectivos que están soportando la mayor parte de la carga fiscal de este país. “El café para todos, las rebajas para todo el mundo, no valen”.
En materia societaria hay mucho por hacer. El tipo impositivo teórico de Impuesto de Sociedades ha pasado del 40% (cuando estudiaba la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales), al 35%, para luego quedarse en el 30% y actualmente en el 25%. Eso sí, hay algunas entidades que están sometidas el tipo teórico de 15%. Y remarco lo de teórico, ya que luego hay deducciones, bonificaciones, etc., que puede llegar a bajar más de 5 puntos porcentuales el tipo nominal. Las continuas rebajas fiscales aplicadas en el Impuesto de Sociedades han supuesto una pérdida de recaudación sin precedentes en España y están dejando a la mínima expresión este impuesto.
COMBATIR EL FRAUDE
Finalmente hay otra cuestión de la que se habla mucho, pero que por desgracia no se logran resultados importantes. Hay que combatir el fraude fiscal. Aunque la medición de la economía sumergida y el fraude fiscal es algo complejo, el último estudio de la Fundación para las Cajas de Ahorro (FUNCAS) lo sitúa cerca del 23% del PIB en España. Este resultado implicaría un fraude fiscal cercano al 6% del PIB o dicho de otra forma, cada año el fisco español deja de ingresar alrededor de 60.000 millones de euros.
Considerando que las deudas fiscales se puede recuperar durante los últimos cuatro años, momento a partir del cual, prescribe el derecho de la administración tributaria, estaríamos hablando, grosso modo, de 240.000 millones de euros de ingresos adicionales. Para que se hagan una idea en 2018 está previsto gastar 145.000 millones de euros en pensiones, 17.700 millones en cobertura por desempleo y en deuda pública 31.500 millones de euros. Los recortes que hemos padecido durante muchos años no se hubieran producido de haber combatido adecuadamente la economía sumergida. Desde luego, medidas como la “regularización fiscal extraordinaria” para algunos, “amnistía fiscal” para otros, no ha ayudado nada.
Por lo tanto, no parece lógico subir los impuestos a quienes lo están soportando (esto es lo que ha pasado en los últimos años en España, especialmente con el IVA) y no combatir adecuadamente a la economía sumergida y el fraude fiscal y redistribuir mejor la presión fiscal. Eso sí, para poder hacer lo anterior lo primero que sería necesario es contar con estimaciones oficiales de ambas magnitudes, pero parece que eso también es una asignatura pendiente desde hace muchas décadas.Para lo segundo es necesario darse cuenta del problema que tenemos y mejorar la capacidad redistributiva de nuestro sistema fiscal.
