Entre otras medidas, la CEOE aboga por reforzar medios como las ventanillas electrónicas, simplificar normativa y racionalizar las empresas públicas existentes
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha elaborado un decálogo en el que recoge sus propuestas de mejora legislativa en el ámbito económico, en el que plantea eliminar y evitar duplicidades legislativas y las normativas contrapuestas, reducir cargas administrativas, racionalizar empresas públicas y habilitar o reforzar las ventanillas electrónicas.
En el informe, el Departamento de Asuntos Económicos y Europeos de la confederación subraya que en un mundo globalizado la mejora del marco regulatorio y de la competitividad empresarial son “clave” para generar las condiciones adecuadas que propicien un mayor crecimiento y creación de empleo a medio y largo plazo.
Así, pide eliminar y evitar las duplicidades legislativas y las normativas contrapuestas, ya que ve “imprescindible” disponer de una normativa “eficiente, actualizada y coherente”, con objeto de disponer de un marco jurídico adecuado a las necesidades de cada sector empresarial, que garantice la unidad de mercado y evite restricciones desproporcionadas a una actividad económica.
Asimismo, ve necesario reforzar el papel del Consejo de Estado, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y el Consejo Económico y Social (CES). Por un lado, señala que el Consejo de Estado debe dictaminar de manera preceptiva los proyectos normativos, limitando el uso del real decreto ley, que “debe ser la excepción y no la norma” a la hora de elaborar normativa, al tiempo que la CDGAE debe garantizar la eficiencia y la eficacia de cualquier iniciativa gubernamental con impacto económico.
A su vez, defiende que el CES debe ser consultado pero otorgando plazos suficientes y proporcionados para emitir dictámenes sobre materias, en ocasiones, complejas y controvertidas. Igualmente, pide reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente para preservar la competencia leal de los operadores, con la puesta en marcha del sistema español de vigilancia del mercado de los productos, así como reforzar y revisar la eficacia de las conferencias sectoriales. En este sentido, ve “fundamental” desarrollar el proceso de racionalización y simplificación administrativa y convergencia de las legislaciones autonómicas y municipales, potenciando la participación de las organizaciones empresariales y de las empresas, para que la Administración conozca los impactos de las decisiones que se adoptan en estos órganos.
La patronal también aboga por implementar un sistema efectivo de racionalización, simplificación y reducción de cargas administrativas, y considera que las CCAA y las entidades locales (más de 25.000 habitantes) tendrían que realizar la “Memoria de análisis de impacto normativo”, con objeto de analizar el impacto acumulado de todas las normativas que afectan a los operadores y a su competitividad.
