De no corregirse esta tendencia, el sistema público de jubilación va a tener que complementarse con instrumentos privados
Durante los dos días que duró el citado encuentro contamos en el campus ourensano con más de 42 expertos en materia laboral, que impartieron más de una treintena de comunicaciones para entender los principales desafíos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años en campo empresarial desde la óptica laboral.
a Uno de los temas abordados fue como hacer frente al problema de la financiación de las pensiones en España y, en especial, el papel que deben desempeñar los planes de previsión social complementarios, ya que es previsible que en los próximos años no seamos capaces de mantener públicamente la actual tasa de sustitución de las pensiones. A tenor de los indicadores laborales, es bastante probable que asistamos a una nueva reforma, aunque de menor calado que la anterior, en el sistema de pensiones, ya que los cambios introducidos en 2012 y 2013 se han demostrado insuficientes, a tenor del comportamiento presupuestario y demográfico. De nuevo, la realidad supera, con creces, la ficción.
Es evidente que los problemas financieros de la Seguridad Social en materia de jubilaciones son una realidad en la mayor parte de los países europeos. Prácticamente todos los ejecutivos nacionales han optado por un notable endurecimiento de las condiciones de acceso y un elevado ajuste en las cuantías y/o la duración. Sin embargo, otros países han ido más allá de lo inmediato y sencillo (ajuste por el lado del gasto), y han apostado por la cohabitación de un modelo público, que siempre debe existir, con un sistema privado complementario para la jubilación.
En estos países la previsión social complementaria se ve como algo natural, que entronca con el funcionamiento y financiación del sistema público de pensiones. Desde luego, la existencia de mecanismos privados complementarios a las pensiones públicas no debe entenderse como el fin del actual sistema de pensiones. Es esperable que dada la situación financiera de la Seguridad Social en España, sobre todo por los efectos de la reforma laboral, que ha “empobrecido” al mercado de trabajo, el creciente número de pensionistas, la reducción de las aportaciones de los cotizantes y el recesivo comportamiento demográfico, va a ser necesario en nuestro país seguir desarrollando la previsión social complementaria.
LA VARIABLE DEMOGRÁFICA
Los recursos del sistema en materia de pensiones están condicionados en buena medida por la situación demográfica. A partir del Censo de Población y del Padrón de Habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), se comprueba como el peso de la población de 65 y más años respecto al total de habitantes se prevé que alcance el 32% en 2049. Dentro de este grupo, la importancia demográfica del colectivo de 80 y más años alcanzará un 11,8%. Por lo tanto, parece evidente que el envejecimiento demográfico va a generar unas altísimas cotas de dependencia poblacional en los próximos años. Estos resultados ya están marcando el funcionamiento del sistema de pensiones.
Como se ha señalado, las recientes reformas en materia de pensiones en España han provocado un endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones por jubilación, unas menores tasas de sustitución, una actualización de la dotación percibida independiente del índice de precios al consumo y una vinculación de las pensiones en función de la esperanza de vida, a través de modelos de ciclo vital. Por otra parte, los superávits generados en el pasado, lo que se conoce como la “hucha de las pensiones”, se han ido agotando a marchas forzadas, debido a la menor capacidad del sistema por generar ingresos, consecuencia entre otros elementos de la crisis económica, la precariedad en el empleo y por el aumento del número de pensionistas y del tiempo de percepción. Todo lo anterior se debe al aumento de la esperanza de vida y a la extensión de los sistemas de protección social, que ha sido uno de los grandes logros del Estado de Bienestar.
Así, en los últimos años, la evolución del ratio entre cotizantes y pensionistas ha pasado de un ratio de 2,7 (en 2008) al 2,3 (en 2014). Paralelamente, durante el período 2008-2015 se pone en evidencia un claro deterioro de la recaudación vía cotizaciones sociales y un aumento del gasto en pensiones, que provoca un descenso del ratio entre cotizaciones y prestaciones, desde el 1,28 en 2008 al 0,93% en 2015, situación que no parece corregirse, a pesar de la creación de empleo que estamos experimentado en los últimos años.
Es más, a partir de los últimos trabajos publicados en este campo, es más que probable que la última reforma laboral de 2012 haya conseguido reducir la brecha entre la tasa de vacantes y la tasa de paro (la denominada Curva de Beveridge) -que había aumentado durante la crisis económica- pero que este ajuste se ha producido “en cantidad” no en “calidad” del trabajo. Así, parece que la reforma laboral ha podido mejorar la capacidad de contratación de la economía (tras la crisis), pero a costa de empobrecer a los trabajadores. A modo de símil sería como tratar a un paciente de obesidad con una dieta de choque muy agresiva, que si bien le permite bajar rápidamente de peso, los efectos secundarios le han provocado graves secuelas. Puede que el aspecto por fuera de nuestra economía haya mejorado (tenemos menos desempleo), pero por dentro (precarización laboral, devaluación salarial, reducción de las oportunidades) estamos peor que antes de la crisis económica. Y lo que es más grave, no parece que este “paciente” demuestre síntomas reales de mejoría.
SE VACÍA LA HUCHA
En cuanto a lo que nos quedaba de crédito, la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social desde 2000 a 2016, pone en evidencia una fuerte reducción desde 2008, donde se contaba con 57.158 millones de euros, a julio de 2016 con 25.176 millones, debido a las continuas retiradas de la “hucha de las pensiones” por el Ejecutivo español desde 2012 (40.654 millones) para poder hacer frente a las pagas extras de los pensionistas. Y lo que es peor, está ya descontado que se tendrá que volver a acudir a esta hucha para la paga extra de diciembre y la tibia revalorización de las pensiones para nuestros mayores. Solo hay que mirar el pasado reciente para darse cuenta de lo anterior.
Además, prácticamente la totalidad de las personas mayores, directamente o a través del cónyuge, recibe alguna prestación económica del sistema público de pensiones. Así, en 2014 se estaban pagando 9,2 millones de pensiones (5,6 millones de jubilación), cuando el número de afiliados era de 16,7 millones de afiliados. Unas magnitudes que invitan, cuanto menos, a la reflexión.
Teniendo en cuenta este panorama, es evidente, que de no corregirse esta tendencia, el sistema asegurativo público de jubilación va a tener que complementarse con instrumentos privados. En España, a diferencia de otros países, todavía tiene un largo recorrido por realizar ya que hasta el momento se han aplicado medidas centradas en reducir fuertemente el gasto, pero poco o nada se ha hecho para incentivar los mecanismos de previsión social complementaria. Habría que preguntarse el porqué de este asimétrico comportamiento en España.
Así, en 2013 se incrementa de forma progresiva la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años (en 2027). Asimismo, el período de cómputo para el cálculo de la pensión pasará desde los 15 años actuales a los 25 (en 2022), aunque se mantiene el mínimo de 15 años cotizados para tener derecho a una pensión contributiva. Además, se abandona la actualización automática de las pensiones por el IPC y se cambia por un sistema que tiene en cuenta una actualización en función de los ingresos y gastos del sistema en su conjunto (Factor de Revalorización Anual), esto último puede suponer una merma notable de capacidad económica para los pensionistas si la inflación es elevada. Asimismo, se introduce un factor de corrección (Factor de Equidad Intergeneracional) que vincula la prestación con la esperanza de vida en el momento de la jubilación, de forma que a más años de vida, la pensión media será menor. O si se quiere expresar de otra forma, se producirá una reducción paulatina de la tasa de sustitución con el paso de los años.
A tenor de esta realidad resulta conveniente establecer líneas de cooperación entre el sector público y privado, a través los sistemas de previsión social complementarios. Sin embargo, y como se ha señalado, el desarrollo de la protección social complementaria en España ha sido muy discreto y todo esto a pesar de las continuas recomendaciones de la Comisión Europea que señalan que estos instrumentos son un complemento fundamental para reforzar el modelo social europeo. Para conseguir este objetivo sería necesario apostar por una serie de mejoras, que se resumen a continuación.
Primero, sería necesario poner encima de la mesa la necesidad de disponer de unos recursos alternativos a las prestaciones públicas para la jubilación. La situación financiera de la Seguridad Social no permite demasiadas alegrías.
Segundo, hay que ser consciente de la necesidad de reemplazar, con fondos públicos, una parte menor de los salarios de los futuros pensionistas. España tiene una elevada tasa de sustitución (74%), a diferencia de la mayor parte de Europa, con tasas de sustitución bastante más bajas.
Tercero, hay que intentar reducir las dificultades de gestión de ciertos instrumentos financieros complementarios a la Seguridad Social, que pueden estar condicionando su desarrollo, tanto desde la perspectiva individual como empresarial. Esto último va ser altamente complicado si tenemos en cuenta los problemas derivados del mal uso de ciertos instrumentos financieros.
Cuarto, hay que mejorar y evitar introducir cambios de calado en la fiscalidad de los instrumentos de previsión social complementarios. Es natural que los ahorradores escapen de los marcos fiscales cambiantes, de ahí que sea necesaria una reforma tributaria de calado.
Quinto, hay que mejorar la actual estructura salarial y el tamaño empresarial, ya que son dos elementos que dificultan la expansión de los planes de previsión social empresarial. Como es conocido, las empresas de pequeño tamaño no pueden plantearse la previsión social complementaria, de ahí que sea necesario encontrar alguna alternativa a esta limitación.
Sexto, hay que confiar en conseguir una mejora económica global. La intensidad y duración de la crisis económica ha perjudicado notablemente al desarrollo de los mecanismos complementarios de previsión social en España y si no cambian las cosas será muy difícil contar con fondos que permitan destinar parte del salario a las pensiones futuras.
Séptimo, sería recomendable contar con una normativa europea que regule, o cuanto menos trate de unificar los sistemas de previsión social complementarios. Un análisis de la realidad comparada pone en evidencia la heterogeneidad en el planteamiento y desarrollo de la previsión social complementaria.
Finalmente, habría que alcanzar un escenario participativo donde se consiga, desde todas las instancias afectadas, impulsar el desarrollo de los sistemas de previsión social complementarios como ayuda al sistema público de pensiones.
