El exministro de Justicia destaca los beneficios de la colaboración público-privada en los servicios: "Es una suma inteligente"
El exministro de Justicia Francisco Caamaño ofreció, en una nueva edición del Foro La Región, su visión sobre la contratación pública y, en concreto, la colaboración público-privada en la prestación de servicios a los ciudadanos, un modelo fundamental para el desarrollo social y que está sujeto en todo momento al debate sobre la mezcla de intereses de administraciones y empresas, la demonización entre ciertos sectores de las externalizaciones o algo 100% público.
"Hay que reforzar la idea de que ni lo público es lo mejor del mundo ni lo privado lo más malvado o al revés. El ciudadano no busca la gestión, sino la mayor calidad y eficiencia en un servicio", destacó Caamaño, firme defensor de una cooperación en la prestación de servicios que "esa suma inteligente ha dado muy buenos resultados en Europa, con una opinión mayoritaria de satisfacción".
Cuestionó el jurista el "juego de simplificaciones" en el que han caído los partidos políticos en cuestiones como las remunicipalizaciones, término que no le gusta nada. "Es un concepto falso y engañoso, porque da la sensación de que se quiere recuperar algo que era pública y pasó a manos privadas, cuando nunca fue así, sino que hay una gestión directa", señaló el exministro, que desliga el concepto de la externalización de la privatización.
"Hay que hablar de gestión directa o indirecta, no hay servicios públicos de titularidad privada", señaló Caamaño, poniendo como ejemplo el transporte público, la gestión del agua o la recogida de basuras y subrayando que la "eficiencia" de estos contratos la marca también la especialización que muchas de las empresas tienen para reducir costes por su estructura.
"Claro que las empresas van a querer siempre su margen de beneficio, pero muchas también tienen esa capacidad para crear sinergias, ahorrar costes que compensan", expuso Caamaño, que recordó que el sector privado "también asume sus riesgos porque si no sería una falsa ayuda pública, algo prohibido".
Para poner en valor la cooperación público-privada, puso ejemplos también de empresas punteras como Nokia, "que no serían nada sin los recursos públicos que recibieron", o al revés, "obras en manos públicas que precisaron colaboración".
Políticas
Sacando a colación la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde marzo de 2018, recordó que esta normativa permite a las administraciones un importante margen de maniobra a la hora de decidir cómo prestar sus servicios, por lo que invitó a "huir de frivolidades" a la hora de plantear remunicipalizaciones.
"Lo que ideológicamente parecía muy fácil, que se montaba en dos días, es complejo y requiere un importante gasto. Por eso los poderes públicos deben hacer un esfuerzo en planificar su política de contratación, que se puede plasmar con cláusulas sociales, medioambientales, en definitiva, haciendo política", comentó el protagonista del evento, que dio un tirón de orejas a las administraciones por su labor de fiscalización a las concesionarias.
"Tienen que cambiar de mentalidad, porque a veces da la sensación de que las administraciones quieren ser empresarias y a uno no lo votan para eso, sino para ser responsable y vigilar los intereses de los ciudadanos, si un servicio funciona o no, estar encima del concesionario. El control no ha sido este, sino que se ha limitado al momento de la contratación, olvidándose hasta tener que volver a licitar, eso es lo que tiene que cambiar, el seguimiento debe ser continuado para que aquel que se desvíe de lo pactado tenga su penalización", explicó Caamaño.
Corrupción
Parte de la mala imagen de las concesiones la han motivado los casos de corrupción conocidos, aunque el exministro de Justicia afirmó que "no hay menos en un sistema todo público, veamos los regímenes comunistas".
"La ley de Contratos no pensó en las dificultades de la gestión diaria de los pequeños concellos, que son la mayoría"
En el intento de reducir al máximo los problemas de corrupción, "cuya desviación cer es imposible porque es como vivir", puso en valor la nueva Ley de Contratos, "que establece cautelas y parte de un presupuesto, un tanto exagerado, de presumir que todos pueden ser potencialmente corruptos", entendiendo que "se está empezando a gestionar, pero que va a ayudar mucho en el futuro". Reconoció el jurista, con todo, que el cambio de normativa ha supuesto también un quebradero de cabeza para las pequeñas administraciones. "La ley no pensó en las dificultades de la gestión diaria de todos estos, que son la mayoría, debería haber un capítulo específico. Lo de los contratos menores, por ejemplo, es muy complicado, con poca flexibilidad", opinó el exministro de Justicia, que entiende el malestar de los alcaldes.
Sobre estos retrasos, que amenazan con ralentizar más la complicada burocracia administrativa, el propio Francisco Caamaño puntualizó que "todo va lento porque somos un país libre, por lo que la seguridad y el correcto manejo de los recursos que son de todos lleva un tiempo, hay que tenerlo siempre presente".
