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Míguez: “Los pequeños concellos quedan a los pies de los caballos"

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago explicó que uno de los objetivos que busca la ley 9/2017 es que las administraciones "planifiquen" aquellos contratos que se repiten en cada ejercicio

Luis Míguez.
Luis Míguez.
Míguez: “Los pequeños concellos quedan a los pies de los caballos"

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago Luis Míguez también se mostró crítico con la nueva legislación en materia de contratación pública, coincidiendo con el abogado Pedro Soto en que "España llegó tarde a la adaptación de las directivas europeas", pero dejando claro que mucha responsabilidad la tienen los legisladores españoles "por regular global y conjuntamente" todo esta cuestión, "sin tener en cuenta las particularidades".

Míguez explicó que uno de los objetivos que busca la ley 9/2017 es que las administraciones "planifiquen" aquellos contratos que se repiten en cada ejercicio. "Quiere que se supere eso de celebrar contratos a salto de mata, justificando cada caso", explicó el profesor, que indicó que esto "no se puede hacer de la noche a la mañana y exige una transición".

La mayor parte de la intervención del catedrático se centró en los tipos de contrato que se han habilitado en la nueva ley así como las condiciones para la adjudicación, "criterios complejos que exigirán más dificultad a la hora de hacer los pliegos". Míguez señaló, al igual que el resto de protagonistas de la jornada, que "aquellos que cuentan con medios no tendrán problemas, pero los pequeños municipios quedan a los pies de los caballos".

En esta línea, apuntó que alternativas que proporciona el nuevo marco normativo para reducir plazos en determinadas contrataciones "para fomentar que la gran mayoría sean abiertos", tienen el freno de que "empezar puede ser un problema, al necesitar modelos de pliegos".

Los mayores problemas que apuntó el catedrático de la USC están, sin embargo, en la "cláusula incomprensible e inaplicable en la práctica" que regula los contratos menores sobre la cifra máxima que se puede adjudicar a un mismo proveedor.

"Hay una redacción desafortunada que ha generado un aluvión de interpretaciones porque no se sabe si la cantidad se aplica a todo el órgano de contratación de una administración, a qué contratos hay que aplicarlos o el marco temporal", sostuvo Míguez.

El académico auguró "un grave problema para los proveedores locales que trabajaban con sus administraciones próximas" al entender que las administraciones "deberán ir planificando e ir por procedimientos clásicos, generando acuerdos marco para integrar al sector local". Reconoció, sin embargo, "que hará falta una transición".