"Las prisas nunca son buenas consejeras, más si hablamos de una ley"

El ex decano de la Facultad de Derecho del Campus de Ourense y profesor de Derecho Administrativo, Roberto Bustillo, será uno de los protagonistas del Foro La Región que se celebrará el jueves en el centro cultural Marcos Valcárcel para desgranar la polémica Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, que amenaza con paralizar las administraciones y dañar al tejido empresarial.

¿Cómo está yendo la transición entre leyes?

No está resultando nada sencilla porque es una legislación muy complicada de aplicar, haría falta un mayor período de transición. Es una ley muy compleja, como todas las de contratos públicos, que son además muy variables. Los operadores jurídicos y especialistas tienen que estar constantemente reciclándose. Las prisas nunca son buenas consejeras, más si hablamos de una ley, algo que es muy difícil de elaborar.

¿Por qué?

Es una consecuencia de tres fenómenos. Las leyes se tienen que adecuar a la realidad y esta cambia mucho. El segundo es la UE, los estados no son libres, están sometidos a la normativa comunitaria porque la contratación pública le interesa mucho. Y el tercero, es que en España se legisla excesivamente rápido, el resultado es que después hay que hacer ajustes.

¿Hubiese requerido una mayor maduración?

Sin duda, esa es la palabra, muchas veces se legisla por obligación desde Europa y lo dejamos para el final, con las consecuencias que eso tiene, que obliga a continuas modificaciones. En esta de la que estamos hablando, ya hay cambios.

¿Eso acaba por volver locas a las administraciones?

Claro, a todos, también a los operadores, especialistas. Hay tantos detalles, con un marco nada estable. No es un problema específico nuestro, pero sí se nota más.

El problema es que estamos hablando de un tema sensible y que afecta a mucha gente como es la contratación pública.

Sí, claro, es una de las razones por las que a la UE le interesa tanto la contratación pública, porque quiere suprimir las fronteras económicas y eso no puede pasar si el sector público, que llega a alcanzar el 50% del PIB de un país, da ventajas al empresario nacional. Se busca que pueda conseguir en condiciones de igualdad un belga, un escocés. Pero lo que les interesa son los contratos de más cuantía, es lo que regulan, en el resto dejan más margen a los Estados.

Los expertos coinciden en que la ley está hecha para administraciones de gran tamaño. ¿Hay que preocuparse por los pequeños concellos, por ejemplo?

Sí. Para entender esta ley es necesario contar con especialistas, algo que pueden permitirse administraciones grandes. Un pequeño ayuntamiento no, y hablamos de que unos 5.000 tienen menos de un millar de habitantes, con un personal limitado. La carga recae sobre el secretario-interventor y no puede, es imposible, en muchas ocasiones son verdaderos héroes. A mí, que soy profesor de Derecho, me cuesta mucho estar al día, ellos tienen que saber de todo. Las normas deberían ser más sencillas o gestadas con más tiempo.

También es complicado el tener que gestionarlo todo electrónicamente.

Esa es otra. En el 2016 entró en vigor la nueva regulación sobre procedimiento administrativo, que parte de que todo debe ser electrónico y establece el vigor para los profesionales que se relacionen con el sector público de comunicarse por esos medios, que los pequeños ayuntamientos no los tienen. Una cosa es lo que dispone el legislador y otra la realidad, que cuesta dinero, tiempo y esfuerzo.

¿Debemos temer por un colapso?

No sé si utilizar esa palabra, pero sí hay que temer por que durante mucho tiempo va a haber prácticas distintas a la hora de tomar decisiones, porque la ley tiene muchas cosas que hay que interpretar. Se van a hacer las mismas cosas de forma distinta, así que imagínate el follón. Con el tiempo se irá licitando, pero a la vez llegarán nuevas modificaciones.