El fiscal solicita entre 15 y 17 años de prisión para cada uno de los acusados por un delito contra la salud pública
Los abogados de los trece integrantes del clan de 'O Mulo', organización presuntamente vinculada con el tráfico de drogas que lidera el pontevedrés Rafael Bugallo Piñeiro, han solicitado hoy la nulidad de las escuchas telefónicas que sostienen la acusación contra ellos.
Todos forman parte, según la Fiscalía, de una red de narcotraficantes a la que se vincula con el alijo de 3.500 kilos de cocaína que transportó una lancha planeadora que apareció varada y quemada en la playa de A Lanzada (O Grove) en agosto de 2008.
El fiscal solicita entre 15 y 17 años de prisión para cada uno de los acusados por un delito contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de extrema gravedad, cometido mediante la utilización de buque y en el seno de una organización delictiva dedicada al narcotráfico, así como un delito de pertenencia a organización criminal.
Además, se les exige el pago de 22,9 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
La causa se sigue contra catorce personas, pero tan solo trece se han sentado hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Pontevedra, ya que uno de los encausados se encuentra fuera del país, según han explicado sus familiares.
Sus abogados han pedido la nulidad de las actuaciones alegando que las intervenciones telefónicas no están motivadas, según ha explicado a los periodistas Víctor Bouzas, letrado de José Antonio Búa Padín, uno de los acusados, y con ellas se ha "conculcado" el derecho a la libertad en las comunicaciones telefónicas entre las personas.
Además, la defensa de los acusados entiende que durante este procedimiento no ha habido control judicial alguno, de manera que todo el proceso se encuentra "viciado", por lo que han señalado que se debe, al menos, eliminar todo lo "contaminado" por las escuchas.
Víctor Bouzas ha añadido que también impugnarán el contenido de una serie de documentos que han sido "desgajados" de otras operaciones ya juzgadas e "incorporado" a este procedimiento, y a los que los abogados de los acusados "no hemos tenido acceso", por lo que existe una "quiebra total" del derecho a la tutela judicial efectiva.
El juicio se retomará mañana con las declaraciones de los acusados que, previsiblemente, tan solo responderán a las preguntas de sus letrados.
La causa que se juzga en la Audiencia de Pontevedra parte de una operación conjunta por la que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria se incautaron, en agosto de 2008, de 3,5 toneladas de cocaína que transportaba una planeadora que la organización dejó varada y quemó en la playa de A Lanzada al saberse perseguida por las fuerzas de seguridad.
En el marco de la operación se realizaron varios registros, en uno de los cuales fue descubierta en una nave en Meis otra lancha rápida del mismo tamaño y características que la que apareció quemada en A Lanzada, además de una decena de motores de alta potencia.
Según se recoge en el escrito de acusación, hubo un primer intento frustrado de desembarco de la droga procedente de Sudamérica al negarse a última hora a participar en la operativa el dueño de un pesquero que se encargaría de suministrar de combustible en alta mar a la planeadora, que sería la que llevaría la droga hasta tierra.
Entonces, la red buscó otro pesquero para las labores de logística, el `Ratonero`, el mismo que cuatro años después fue abordado en alta mar por Vigilancia Aduanera cuando transportaba 90 fardos con más de 2.000 kilos de cocaína.
Pese a que este alijo fue posterior, el juicio ya se celebró y la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra condenó a un total de 103 años de cárcel a los nueve acusados, uno de ellos José Luis D., dueño y patrón del `Ratonero`, también procesado en esta causa.
Según consta en el escrito de acusación del fiscal antidroga de Pontevedra, debido a un error en las comunicaciones, quienes esperaban en tierra para alijar la droga que transportaba la planeadora no se pudieron enterar de que ésta llegaría un día más tarde de lo previsto.
Al no tener comunicación por tierra, la tripulación de la planeadora optó por fondear la cocaína que transportaba en las proximidades de Cabo Silleiro y varó y quemó la embarcación en la playa de A Lanzada para borrar las huellas y vestigios que pudieran permitir el seguimiento policial.
En los días siguientes un helicóptero y una embarcación de Aduanas encontraron unos fardos con droga a la altura del cabo Silleiro, y la Guardia Civil recibió llamadas en las que se alertaba de la presencia de fardos flotando en la misma zona que fueron recuperados por este cuerpo, por Aduanas y por la Policía Nacional, en total unos 3.500 kilos de cocaína.
