La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra ha revocado parcialmente la resolución del juez de Instrucción número 3 de Cangas y ha condicionado la libertad del hermano de Sinaí Giménez e hijo del patriarca del `clan de los morones` Marino G.J., al que se vincula con una trama criminal de extorsión a vendedores ambulantes de mercadillos, al pago de una fianza de 100.000 euros.
De esta forma, tal y como consta en el auto, se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y se exige que mientras no sea depositada la fianza --para lo que le da un plazo de cinco días--, Marino G.J., se presente "diariamente" en el cuartel de la Guardia Civil más cercano a su domicilio.
Igualmente, el Tribunal acuerda la retirada de su pasaporte con la prohibición de salir de territorio nacional, que comparezca semanalmente en el cuartel de la Guardia Civil, y se le prohibe acercarse a menos de un kilómetro de los mercadillos de Moaña, Redondela, Sabarís, Pontevedra, O Porriño, Tui, Ponteareas, Barro, Cangas y Vigo.
El pasado mes de noviembre el Juzgado de Cangas decretó la puesta en libertad de Marino G.J., sin imponerle más medidas que firmar quincenalmente en la sede judicial, "en vista de lo instruido y porque no hay riesgo de fuga ni una posible influencia sobre las supuestas víctimas", según explicó en aquel momento el abogado de la defensa Ramón Montenegro.
CLAN DE LOS 'MORONES'
La decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra de esta manera impone a Marino G.J. las mismas condiciones que ya acordó para sus hermanos Sinaí y Juan Paulo, para los que, contrariamente a la decisión del Juzgado de Cangas, que rechazaba su puesta en libertad, accedió a la libertad bajo fianza de 100.000 euros y el resto de medidas cautelares.
Además de estos hermanos, el patriarca del clan de los 'Morones', Olegario G.S., quedó en libertad aunque imputado a finales de octubre, tras permanecer cinco meses bajo arresto domiciliario. Por su parte, el otro hermano en prisión, Saúl, sigue sin tener aceptada su petición de libertad.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas, que instruye la causa, investiga a los implicados por los supuestos delitos de coacciones y amenazas, extorsión, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas o fraude a la seguridad social, entre otros. |
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