El letrado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, ha solicitado la nulidad de la instrucción al pedir que se anulen las diligencias por vulneración del derecho a la defensa
Los abogados de los padres de Asunta Basterra han alegado hoy la vulneración de derechos fundamentales para pedir la nulidad de las diligencias de instrucción del caso que investiga la muerte violenta de la niña, y han pedido "ejemplaridad y contundencia" al alto tribunal gallego en su resolución.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha acogido esta mañana la vista para resolver los recursos presentados contra el auto resolutorio de cuestiones previas del procedimiento abierto por la muerte de la menor, en septiembre de 2013.
Sus padres, la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra, permanecen encarcelados en el penal coruñés de Teixeiro acusados del asesinato de su hija.
El letrado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, ha solicitado la nulidad de la instrucción al pedir que se anulen las diligencias por vulneración del derecho a la defensa, a un juicio justo y a un juez imparcial, y al mismo se ha adherido la defensa de Alfonso Basterra, ejercida por Belén Hospido.
Gutiérrez Aranguren ha sostenido durante la exposición de sus argumentos que el juez instructor del caso en Santiago, José Antonio Vázquez Taín, vulneró el derecho de su patrocinada a un juicio "imparcial y justo" y realizó una "instrucción direccionada" y con filtraciones, lo que ha calificado de comportamiento "indefendible".
Incluso se "intentó el linchamiento de los propios imputados que no fueron más allá por las fuerzas de seguridad lo impidieron", ha dicho al referirse al despliegue policial y mediático que supuso una "presión ambiental tremenda".
Además, ha recriminado el "posicionamiento clarísimo" e "inquisitorial" del juez de instrucción, que incoó "de forma tardía la Ley del Jurado" y debía haberse realizado "sin dilaciones y oscurantismos", y las grabaciones en calabozos se realizaron "a espaldas a la defensa" en circunstancias "dramáticas y patéticas".
Hubo "contaminación", ha recriminado Aranguren, quien ha considerado nulo de pleno derecho el auto de prisión de Rosario Porto y ha manifestado en este sentido que hubo una "influencia tremenda por la presión de toda la ciudad de Santiago".
Este ha sido el primer punto al que se ha referido la abogada de Alfonso Basterra para insistir en que el auto de prisión era "nulo radicalmente" y por ello "la normalización posterior no subsanaba ese hecho" por el que se "vulneraba el derecho de libertad" de su cliente y, por consiguiente, de Rosario Porto.
Según Belén Hospido, ambos están en prisión no por las pruebas que pueda haber contra ellos, sino por las diligencias practicadas.
Desde el Ministerio Fiscal se ha apuntado a la "gravedad" de los hechos que motivaron unas investigaciones en las que "es admisible" intervenir los teléfonos cuando se puede estar ante un asesinato, y ha rechazado que de la nulidad de escuchas en los calabozos se derive "nulidad de todo lo demás".
Según el fiscal Jorge Fernández, dichas escuchas "no fueron tenidas en cuenta para el ingreso en prisión" de Rosario Porto, ni impulsaron la dirección del procedimiento, ni de ellas se infirió tampoco "ninguna diligencia posterior".
Sobre la supuesta "contaminación" del juez, ha señalado que "el juez que instruye no es el juzgador" y, en relación al retraso en incoar la Ley del Jurado, ha indicado que "adecuar el procedimiento no genera nulidad" del mismo y sería "imprudente e inadecuado" aplicarla desde el inicio sino "a partir del momento en que se cuente con un pronunciamiento técnico sobre el carácter homicida".
El abogado de Rosario Porto ha solicitado a los miembros del TSXG que en su resolución "os abstengáis de versiones ajenas" y "seáis ejemplarizantes", resolviendo con "contundencia y un lavado de imagen de la Administración de Justicia" para "evitar futuros espectáculos bochornosos" como éste caso, ha dicho.
Por último, el abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación Clara Campoamor, Ricardo Pérez Lamas, ha asegurado que "la maquinaria de la investigación la ponen los acusados en funcionamiento" al denunciar la desaparición de su hija en comisaría y ha considerado "infundados todos los alegatos".
