El Juzgado Mercantil número uno de A Coruña ha desestimado la demanda
El Banco Gallego pasó hace un año a ser propiedad de NCG Banco, entonces en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el 17 de abril pasó, de manera definitiva, al Banco Sabadell con el precio simbólico de un euro tras haber recibido una inyección de 245 millones de euros.
Una serie de demandantes, que representan el 17,61 por ciento del capital social del Banco Gallego, presentaron una demanda por todo aquel proceso, en el que se tomaron una serie de decisiones que consideran ilegales.
La clave para ellos está en la Junta General Extraordinaria de 2013 en la que se acordó "la reducción del capital social a cero y la simultánea ampliación de capital", en un proceso en el que piensan que no se cumplieron todas las exigencias legales.
Entonces el FROB, que ya era propietario del 99 por ciento de esta entidad a través de NCG Banco después de que esta pasase del 49,84% hasta el 99, ya tenía previsto "proceder a la venta de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Banco Gallego", según detallan los denunciantes.
"En estas condiciones, el Consejo de Administración propuso a los accionistas una reducción del capital social a cero y la simultánea ampliación de capital, suscribiendo nuevas acciones y haciendo nuevos desembolsos, cuando la sociedad está abocada a que las acciones sean transmitidas a un tercero, pero sin saber a qué precio y condiciones", añaden
Creen que "no se conocía por los accionistas la valoración de Banco Gallego, por lo que falta información para poder acudir a la Junta y votar sobre un acuerdo de reducción del capital social a cero y ampliación de capital".
Por todo eso piden que se anulen los acuerdos que perseguían "la eliminación de los accionistas minoritarios de manera que el FROB pudiese proceder a la venta de NCG Banco", en una operación que creen que solo se hizo para beneficiar al Estado.
La juez, sin embargo, desestima la demanda porque explica que "el acuerdo de reducción del capital social a cero y simultánea ampliación de capital que ha sido impugnado no es lesivo para el interés social".
"Este proceso de resolución ha supuesto un desembolso de ochenta millones de euros en el proceso de recapitalización -cuando NCG Banco se quedó con el 99 por ciento de la entidad- y de 245 millones en el proceso de venta", continúa.
Lo que ve claro es que "la situación de la entidad evidenciaba su inviabilidad en solitario sin las ayudas recibidas" y considera "importante destacar (...) que "analizadas las distintas opciones (...) se acordó que la venta del Banco era la más respetuosa con los principios de reestructuración que la alternativa de la liquidación de la entidad".
Esto se debe a que con este proceso "se minimizaría el impacto sobre los recursos públicos y la carga sobre el contribuyente, por estimarse su coste considerablemente inferior al escenario de la liquidación (935.000.000 euros)".
