La Audiencia de Lugo declara el sobreseimiento de la causa abierta por presunta prevaricación
La Sección Segunda de la Audiencia de Lugo dictaminó el sobreseimiento libre de la causa en relación al que fuera presidente provincial del PP y titular de la Diputación lucense, Francisco Cacharro, en el marco de la 'Operación Muralla', después de que la Fiscalía, única parte acusadora, retirase la acusación. Así lo recoge un auto, con fecha 26 de enero de 2015, en el que ratifica que "por analogía" con lo dispuesto en el artículo 637.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez que la Fiscalía retira la acusación, procede el sobreseimiento libre de la misma en relación a Cacharro.
Este, así como José Manuel Romay López y José Enrique Cacicedo Herrero estaban acusados de delitos de prevaricación, fraude a la Administración y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. El acto de juicio oral estaba señalado para el próximo día 3 de febrero, aunque fuentes judiciales señalaron que esté podría no producirse ya que los abogados de los otros dos acusados estarían negociando un acuerdo con el fiscal.
A mediados de septiembre del año pasado, la Audiencia había acordado la suspensión del juicio previsto por la 'Operación Muralla' dado que, precisamente, Cacharro se encontraba hospitalizado. El expresidente de la Diputación y los otros dos acusados habían sido citados para los días 17, 18 y 19 de septiembre para el juicio por un delito continuado de prevaricación y fraude a la administración.
escrito de acusación
En concreto, para Cacharro Pardo la Fiscalía pedía por un delito continuado de prevaricación la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y tres años de cárcel y diez de inhabilitación por delito continuado de fraude a la administración, según constaba en el escrito del Ministerio Público.
Además, la Fiscalía consideraba que Cacharro debería ser condenado al pago de un tercio de las costas procesales que sean declaradas de abono. Añadía que "alternativamente para el segundo delito", debía ser condenado por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionario a 24 meses de multa y cuatro años de inhabilitación especial para cargo público.
Mientras, para el que fue jefe de servicio de Vías y Obras de la Diputación de Lugo entre 1982 y 2005, José Manuel Romay López, la Fiscalía solicitaba 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y por delito continuado de fraude a la Administración tres años de cárcel y diez de inhabilitación. También alternativamente pedía 24 meses de multa con una cuota diaria de 150 euros y cuatro años de inhabilitación.
Para el tercer acusado, el ingeniero de caminos José Enrique Cacicedo Herrero, la Fiscalía solicitaba 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y tres de prisión y diez de inhabilitación por delito continuado de fraude a la administración.
