También ha negado "mala fe", la que le ha reprochado el abogado de los demandantes, Hijos de Rivera, Inversiones Gallegas del Cable, Coren, Inversiones Subel, Río Breiro, Concable y Copasa
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha argumentado, en la última sesión del juicio por la demanda presentada contra esta entidad y NCG por siete empresas gallegas que perdieron sus acciones con la operación acordeón, que estos empresarios eran "inversores altamente cualificados".
También ha negado "mala fe", la que le ha reprochado el abogado de los demandantes, Hijos de Rivera, Inversiones Gallegas del Cable, Coren, Inversiones Subel, Río Breiro, Concable y Copasa, quien ha asegurado que se vendió a estos acciones de una "entidad quebrada".
En la lectura de sus conclusiones, ha sostenido también que tanto el FROB como NCG actuaron "con el máximo secretismo" sobre las cuentas de la entidad "para no alarmar al mercado". Por el contrario, la abogada del Estado ha manifestado que estos empresarios no responden "al perfil" de los preferentistas.
"Estamos ante inversores altamente cualificados", ha sostenido al argumentar que el ajuste retroactivo que se aplicó a las cuentas de 2010 era "evidente" y que no les causó "perjuicio".
"El perjuicio lo sufren después por las medidas extraordinarias de 2012", ha dicho sobre la nueva regulación que exigía provisiones adicionales a las entidades bancarias.
"Un coche de segunda mano"
Utilizando el símil del coche empleado por el presidente de Inversiones Gallegas del Cable, Roberto Díaz, quien sostuvo en su declaración que se les vendió un vehículo "embargado", la abogada del Estado ha defendido que los inversores adquirieron "un coche de segunda mano valorado por un perito en 3.000 euros y no 30.000".
Con esta comparación, ha defendido que los inversores compraron sus acciones en base a una valoración de la entidad por importe de 181 millones de euros, algo que rechazan los demandantes. "Ahora no se puede decir que creían que compraban un coche nuevo", ha apostillado la letrada.
Tesis de los demandantes
Antes, el abogado de los demandantes ha dicho que sus clientes -que compraron las acciones en enero- conocieron "en mayo de 2012" el ajuste contable retroactivo que se aplicó y que supuso, según ha expuesto un perito aportado por esta parte, un "déficit" en su capital de 948 millones de euros.
También ha sostenido que en diciembre de 2011 los administradores de la entidad conocían la necesidad de realizar ese ajuste. Esta afirmación la ha corroborado el auditor de NCG que ha declarado como testigo.
En concreto, Miguel Ángel Bailón ha admitido que por parte de los administradores se habló, en una reunión del 15 de diciembre, de "la posibilidad" de hacer el citado ajuste. Del mismo, ha precisado que no tenía que estar registrado hasta los siguientes "estados financieros que finalizan en marzo de 2012", ha apostillado.
Capital de la entidad
Con todo, ha dicho que la entidad, a 31 de diciembre de 2011, estaba "en pérdidas" y con un capital "por debajo del mínimo regulatorio". Este extremo también ha sido reconocido por el responsable de entidades participadas del FROB y, en aquellas fechas, con funciones en el área de reestructuraciones de entidades bancarias.
Leopoldo Puig ha ratificado que NCG se había situado en un 8,2 de ratio de capital, pero ha descartado que eso comprometiese su viabilidad. De la captación de inversores, ha manifestado que fue un proceso que llevó "directamente" el expresidente de la entidad, José María Castellano.
Mientras, ha argumentado que, hasta el 17 de enero de 2012, el FROB no tuvo conocimiento oficial, a través de un borrador, de las nuevas regulaciones previstas por el Gobierno, ya que los demandantes sostienen que se sabía con anterioridad y que se les ocultó.
Peritos
En el juicio, también han declarado tres peritos. El aportado por los demandantes ha rechazado que en la documentación remitida a los inversores hubiese datos "que pudiesen indicar" el ajuste que luego se realizó "y sobre todo de esa magnitud".
Tesis contraria han mantenido los peritos de la parte demandada. "A nadie le ponen una pistola en la cabeza para firmar un contrato", ha llegado a decir uno de ellos, para quien el valor de la entidad cuando entró el FROB era ya "una evidencia" de que había que realizar el citado ajuste.
La vista ha concluido con la lectura de las conclusiones del letrado de la entidad, quien ha insistido en que el ajuste contable era "previsible" y que los documentos remitidos a estos empresarios incluía "información cierta" a la fecha de la compra-venta de acciones.
