Vence manifiesta su extrañeza por que el supuesto conseguidor de los cursos de formación no haya sido llamado a declarar aún
El BNG ha denunciado este lunes un nuevo caso de adjudicación de fondos públicos, por parte de la Consellería de Traballo, en el que observa "paralelismos" con la investigación sobre supuestos fraudes en cursos de formación, la ' Operación Zeta', y en la que estarían empresas con "afines" al PP.
El caso concreto tiene que ver con la residencia de Valle-Inclán de Vilanova de Arousa y lo han denunciado, en rueda de prensa, el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, y la responsable parlamentaria de políticas sociales, Montse Prado.
La residencia de mayores estaba adjudicada por la empresa Viajes Silgar S. A. , de la que era dueño y apoderado Francisco Rodríguez Janeiro, que aparece en las sucesivas empresas que se presentan para hacerse cargo de los servicios de esta empresa. Para el periodo 2012-2014, los recursos públicos adjudicados ascienden a 4,5 millones de euros.
Paralelamente, se constituyó la empresa Nurtime, con Janeiro también como propietario, mientras que como apoderado Enrique Martínez Núñez, según las explicaciones dadas por el BNG.
El entramado de empresas que denuncia el BNG alcanza otra más: Euroconsultores Socio Sanitarios S.L., que el pasado 24 de octubre fue la empresa propuesta por la mesa de contratación para recibir una adjudicación que alcanzaría los 5 millones de euros para gestionar la misma residencia.
Además, en esta nueva empresa aparecen como consejeros dos exaltos cargos de gobiernos del PP, José Jaime López Cossio (exdirector general de Formación y Empleo) y Francisco Jesús Gallegos Martínez (exdirector general de Comercio y Consumo).
En relación con esto último, ambos implicados han señalado "que no son consejeros de Euroconsultores Sociosanitarios desde 2008, en que notificaron formalmente su renuncia a dichos cargos". Además, López Cossio y Gallegos Martínez detallan que han vendido la totalidad de sus participaciones en esta empresa.
QUERELLA EN TRÁMITE
Se da la circunstancia de que, según han explicado en rueda de prensa los dirigentes políticos, trabajadores (de las anteriores) y la propia CIG denunciaron que la empresa Euroconsultores se había creado sin trabajadores y sin espacio físico, algo que se elevó a la mesa de contratación pero que, según explicó Montse Prado, no se tuvo en cuenta a la hora de las puntuaciones para la adjudicación.
Asimismo, la CIG había presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela por "malversación de fondos públicos" que el pasado mes de agosto fue admitida a trámite y por la que han sido llamados a declarar, en calidad de querellados (la figura equivalente a la imputación en los casos de querellas) Francisco Rodríguez Janeiro y Enrique Martínez Núñez.
"No hay constancia de tener ni un solo a cargo trabajador, no hay constancia de lugares físicos", ha remarcado Montse Prado, quien ha subrayado que "estas cuestiones", incluida que "no tenía personal a cargo", fueron puestas en conocimiento de la conselleira y de la mesa de contratación" por escrito.
"A pesar de esto", la mesa de contratación hizo a la Consellería la propuesta del lote número siete para Euroconsultores, que "puede llegar a un importe de casi 5 millones" si se consolida. "Es evidente otro nuevo caso de uso de fondos públicos en beneficio de altos cargos del PP", ha reprochado Prado.
CORRUPCIÓN
En este contexto, el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ha advertido de que "el ruido de la corrupción pasada no puede ocultar la actual" y ha considerado "más necesario que nunca abrir el foco" y ver "cómo se están gestionando los fondos" para formación y, en general, de las concesiones de la Administración pública.
El líder nacionalista teme que haya "que sentirse avergonzado por el mal uso de fondos" en el periodo 2007-2013 (de la UE) y haya que "devolverlo, aún por encima, por mal uso", ante lo que exige una auditoría y "transparencia", ambas peticiones que serán plasmadas en una moción en el próximo pleno de la Cámara gallega.
Vence pide "revertir la situación" cuando se dan situaciones que "revelan manifiestamente una gestión irresponsable, corrupta". "Deben ser corregidas inmediatamente", ha advertido el portavoz nacional del Bloque, quien ha considerado que lo que se está viendo "son las consecuencias de una gestión de recursos públicos, con su colocación en manos de redes clientelares de amigos del PP".
Montse Prado, por su parte, ha remarcado la "alarma social lógica" que se produce ante este "entramado de corrupción" en el que se repite "el enriquecimiento ilícito de personas a costa de fondos públicos".
MOCIÓN
En la moción del BNG, los nacionalistas piden la "dimisión" de la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, por la gestión de la red empresarial supuestamente fraudulenta que se investiga bajo la denominación de 'Operación Zeta'; un "control más riguroso" de los fondos de formación; y que se "facilite toda la documentación y ayudas" otorgadas a las empresas de esa red y en la que uno de los principales implicados es Gerardo Crespo.
Del mismo modo, el Bloque pide al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aclare "cuál es el papel" de Pachi Lucas, el denominado "conseguidor" de la trama y que aparece fotografiado con el mandatario autonómico. En este sentido, Vence ha mostrado su extrañeza de que, a la vista de las informaciones periodísticas, no se haya llamado a declarar en calidad de "imputado" a este supuesto intermediario.
Los nacionalistas aprovechan la moción de la semana que viene para pedir explicaciones y "responsabilidades" por el caso de la residencia Valle-Inclán y piden la revocación de la propuesta de adjudicación.
