Los perjudicados agrupados en la plataforma Alvia 04155 dicen que "procesalmente" les ha interesado quedarse "callados" a ver si el desenlace es igual que entonces
Los doce imputados del gestor ferroviario Adif en la causa que investiga el accidente de tren del 24 de julio de 2013 se han acogido a su derecho a no declarar, el último de ellos hoy, y las víctimas de la tragedia ferroviaria temen un viraje en la investigación de este siniestro.
Los perjudicados agrupados en la plataforma Alvia 04155, personada como acusación popular, al igual que Apafas, el otro colectivo de damnificados, han mostrado su preocupación por el futuro pronunciamiento de la Audiencia Provincial de A Coruña, que ha de resolver los recursos contra estas imputaciones presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y decidir si las mantiene o no.
El letrado Manuel Alonso, de la plataforma Víctimas Alvia 04155, ha confiado hoy en que las mismas no queden sin efecto y ha dicho que esto sucedió así ya una vez al alegar que no había base técnica, algo que a su juicio ahora sí existe.
"Procesalmente" les ha interesado quedarse "callados" a ver si el desenlace es igual que entonces, ha comentado.
Alonso ha mostrado su deseo de que el relevo en el juzgado de instrucción número tres de Santiago no suponga una vuelta de tuerca en esta investigación, y que, así, Andrés Lago se mantenga en la línea de Luis Aláez, que el 20 asumirá su plaza en el juzgado de lo penal número uno de Compostela.
El maquinista, Francisco José Garzón Amo, ya llegó a ser en una ocasión el único imputado después de que la Audiencia Provincial de A Coruña exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.
El auto con el que el órgano de apelación levantó en ese momento la imputación de estos cargos supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del suceso, con el conductor, que no redujo la velocidad del Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol, acusado de homicidio imprudente.
El magistrado Luis Aláez, que ha apurado esta investigación contando con que en breve ocuparía su nueva plaza, ha seguido desde el primer momento una línea de investigación que apunta a una causa múltiple y no únicamente al despiste del maquinista imputado, que no redujo la velocidad.
El juzgado de instrucción número tres de Santiago, que quedará en manos del juez Andrés Lago Louro, citó antes que al interventor general del Estado, José Carlos Alcalde, citado hoy; al presidente de Adif en 2011, Antonio González Marín, y a Andrés Cortabitarte, responsable de la seguridad en la circulación, y ninguno de los dos prestó testimonio.
Tampoco los nueve vocales del consejo de administración de Adif que formaban parte de la dirección del gestor ferroviario en 2011, cuando entró en funcionamiento la línea entre Santiago y Ourense donde se produjo el siniestro, y que fueron anteriormente convocados.
Son Juan Ángel Mairal, Mercedes Caballero, Juan Carlos Cáceres, Félix Díaz, Carlos María Juárez, Gerardo Luis Gavilanes, Mercedes Rodríguez, Carlos Bartolomé y Javier Hurtado.
Los motivos alegados para no declarar han sido, en todos los casos, la falta de tiempo para leer el voluminoso sumario y el hecho de estar a la espera de la resolución de los recursos contra estas imputaciones formulados por el fiscal y la Abogacía del Estado.
Todos ellos están imputados por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva y por ser hipotéticos partícipes en los de homicidio y lesiones.
El accidente se registró a la altura del barrio compostelano de Angrois, en la víspera del Día de Galicia. Luis Aláez, que el 24 de julio del año pasado se encontraba de guardia, pidió su otro destino antes de ocurrir la tragedia ferroviaria.
