En la 'Operación Zeta' estarían implicados asociaciones de autónomos y otras entidades
El juzgado de instrucción número 6 de A Coruña ha imputado a siete personas el marco de la 'Operación Zeta', una supuesta trama en la que estarían implicados asociaciones de autónomos y otras entidades para hacerse con subvenciones de la Administración pública a cambio de impartir supuestos cursos.
La Policía Nacional informó este miércoles de que fueron detenidas un total de siete personas en Galicia, si bien ya declararon en sede policial un total de 61, de las cuales 22 son residentes de fuera de Galicia.
De hecho, por este caso, ha declarado ante la Policía el que fuera director xeral de Traballo de la Consellería que dirige Beatriz Mato, Odilo Martiñá, quien presentó su dimisión "a petición propia" a finales de septiembre.
Según explican fuentes del TSXG este miércoles, la jueza todavía no ha tomado ninguna decisión sobre el resto de las personas interrogadas.
Las diligencias se mantuvieron bajo secreto desde diciembre de 2011 hasta el pasado 10 de octubre, cuando la jueza emitió un auto por el que se llamaba a declarar a las siete personas que fueron detenidas, declaraciones que se celebrarán en el mes de febrero.
En estos momentos la causa consta de 25 tomos, lo que supone más de 12.000 folios. En la investigación se ha contado con la colaboración de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria de Galicia y de la Intervención General del Estado.
La causa se sigue por supuestos delitos de fraude de subvenciones o estafa, y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales. Entre las personas investigadas se encuentran responsables de organizaciones de autónomos y fundaciones.
INVESTIGACIÓN
La investigación de la supuesta trama para hacerse con subvenciones de forma irregular se inició después de que en febrero de 2012 personal de la Consellería de Traballo e Benestar visitase las instalaciones de entidades sin ánimo de lucro seleccionadas para impartir talleres dentro del Plan Integral de Empleo con el fin de comprobar si las subvenciones se destinaban al fin concedido.
Entre las entidades analizadas, en dos de las firmas del conocido empresario coruñés Gerardo Crespo --Fundefo y AED-- se detectaron irregularidades como falta de programación de las actividades.
